Abstract
Tras el regreso a la democracia en Chile, las políticas de justicia transicional iniciaron con la búsqueda de verdad, luego vinieron las políticas de reparación. Pero la justicia en Chile demoró en llegar: este proceso inició en 1998 con la interposición de la primera querella contra el exdictador Augusto Pinochet. En el año 2017 se cumplen 44 años del golpe militar, pero las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos siguen estando vigentes. Cuatro décadas después, todavía se están investigando juicios de derechos humanos por el poder judicial. La Corte Suprema ha condenado a los principales responsables a penas de cárcel. En este trabajo se presenta el caso de Marcelo Concha, un joven militante comunista desaparecido en 1976. En 2016, sus familiares obtuvieron justicia al condenar la Corte Suprema a los responsables de este crimen, todos exagentes de la dictadura. Las políticas de verdad y justicia que se han realizado a 44 años de sucedidos los hechos son exigencia y requisito para una democracia consolidada que garantice un “nunca más” sobre esos hechos similares.
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