Abstract

La extensión de la jurisprudencia de la ley 1437 de 2011 mediante la cual se adopta el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo CPACA, se vislumbra como un mecanismo ágil para resolver los conflictos que permanentemente se presentan entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. A los ciudadanos, el Estado, debe garantizarles la aplicación del principio de igualdad y seguridad jurídica en los fallos judiciales (artículo 13 de la Constitución Política), y la garantía de la administración de justicia oportuna. Esta última, no se cumple porque el sistema judicial Colombiano, se caracteriza por ser moroso en sus decisiones, con un desempeño lento y permanente congestión, es decir nuestro Estado, no es un buen administrador de justicia, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho para modernizarla y hacerla más ágil. Al margen de esta morosidad en la administración de justicia, se cree, que se pueden alcanzar avances por lo menos en lo que tiene que ver con los asuntos en sede administrativa, al aplicar la Extensión de la Jurisprudencia de la ley 1437 de 2011. Uno de los aspectos que más afecta a los inversionistas colombianos actuales y potenciales es precisamente la falta de seguridad jurídica y de resolución oportuna de los conflictos entre los contribuyentes y la administración tributaria, el promedio de tiempo para que se resuelva un tema de esta naturaleza es de entre cinco y seis años, término demasiado extenso y generador de incertidumbre para los particulares, porque no se sabe si al final, la entidad podrá continuar realizando sus actividades económicas.

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