Abstract

En el contexto del programa antinarcótico estadounidense, Plan Colombia, durante la primera década del siglo XXI, agentes especiales de la Oficina Estadounidense de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) se posicionaron en el corazón de la administración carcelaria colombiana. Su tarea fue liderar una reforma profunda del sector, basada en el régimen penal ultra punitivo y sus unidades de confinamiento supermax.1 Basado en un extensivo trabajo de campo con arquitectos de cárceles, presos y otros actores de los sistemas penales de Estados Unidos y Colombia, este trabajo analiza cómo la reforma fue preparada en el terreno, arrojando luces sobre los intereses y las expectativas parcialmente divergentes de ambos gobiernos en el contexto neocolonial del Plan Colombia. Mostramos cómo, por una parte, la reforma tuvo un éxito parcial en la militarización de la vida carcelaria y en la desurbanización del sistema de prisiones, aislando espacialmente a los presos de su entorno social y familiar. Por otra parte, mostramos que la reforma eventualmente falló, por razones políticas e institucionales, al no lograr su objetivo declarado de modernizar las prisiones colombianas.Desde una perspectiva más teórica y basados en literatura reciente sobre la movilidad de las políticas y las formas arquitectónicas,3 el trabajo argumenta que la introducción de las prisiones supermax en Colombia es un llamativo caso en el que una política móvil y un tipo arquitectónico ambulante coinciden y se complementan mutuamente. También sugiere que para mejorar nuestro entendimiento de cómo el espacio es producido en la arena global, se deben considerar más sistemáticamente las interconexiones entre los circuitos de la política y las movilidades de la arquitectura.

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