Abstract

En este artículo me propongo estudiar la función del notario público como manifestación del ejercicio de un poder que en ciertas condiciones puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas de trascendencia para los particulares, por lo cual, en esos casos, los actos derivados del ejercicio de la función notarial podrán ser objeto del juicio de amparo. En ese sentido, propongo una teoría excepcional positiva de la procedencia del amparo, siempre que se considere al notario como un particular en ejercicio de las funciones de la autoridad, lo cual supone reconocer una cierta concepción de los derechos humanos y del Estado constitucional.

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