Abstract
La coalición Movimiento Progresista (cuyo candidato a la presidencia de México fue Andrés Manuel López Obrador) presentó el 12 de julio de 2012 un juicio de inconformidad que argumentaba la violación del artículo 41 constitucional, por lo cual se solicitaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que declarara la elección presidencial inválida y por consiguiente se anulara. En el juicio de inconformidad se solicitó literalmente: “la nulidad de la elección […], solicitando la declaración de no validez […] por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre y por la cancelación del registro de candidato al c. Enrique Peña Nieto por rebase de topes de campaña”. En esta sentencia se encuentran temas relevantes que son analizados desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos.
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