Abstract
En un principio, la institucionalización de los gobiernos digitales dependió de la voluntad política de los Estados y de previsiones económicas tendientes a disponer de los recursos necesarios en el campo de las comunicaciones. Hoy, uno de sus ejes, no solo nacional sino también internacional, aparte del mejoramiento de la calidad de los servicios y funciones, pertenece a la esfera de la inclusión, es decir, a la capacidad de penetración social, la generación de confianza entre los usuarios, los incentivos a favor de la gobernanza y el empoderamiento civil en ambientes virtuales. Este trabajo reconoce que, si bien en los países latinoamericanos se ha avanzado en la creación de un marco social, político y jurídico para el cumplimiento de la agenda digital, en la informatización de procesos y en la búsqueda de soluciones desde una perspectiva intergubernamental, todavía existen dudas en torno a la noción de accesibilidad, que demandan la construcción de instrumentos para medir la fortalezas y debilidades de las políticas públicas y, en especial, de su aplicación.
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