Este artículo analiza el tratamiento jurídico-penal de conductas culturalmente motivadas en Colombia y sostiene que la “diversidad sociocultural” no debe operar como causal de inimputabilidad. Con base en un análisis dogmático, histórico y comparado de la Ley 599 de 2000, sus antecedentes, algunos referentes comparados y la jurisprudencia relevante (en particular, el condicionamiento de la Sentencia C-370 de 2002 y sus desarrollos, incluido el art. 33A), se identifican tres resultados principales: (a) la etiqueta de inimputabilidad es conceptualmente impropia, porque en estos casos no se constata una incapacidad sino una cosmovisión distinta; (b) la regla de prelación fijada por la Corte impone que, cuando exista error invencible de prohibición culturalmente condicionado, la respuesta sea la absolución y no la inimputabilidad; y (c) el régimen vigente carece de consecuencias jurídicas coherentes, pues no es admisible “curar” una cultura y aun las medidas pedagógicas o de diálogo implican un juicio de censura. Como alternativa, se propone reconducir el fenómeno a un esquema ordinario de imputación y culpabilidad cuyo criterio rector sea el pluralismo: según el caso, la conducta deberá entenderse como riesgo permitido derivado del rol social en una sociedad multicultural o ser disculpada cuando la determinación del autor, aunque contraríe la norma hegemónica, no sea incompatible con los valores fundamentales de la convivencia pluralista. El artículo se organiza en introducción, metodología, marco conceptual, análisis histórico-crítico, propuesta y discusión.

El artículo analiza la minería ilegal desde una perspectiva dogmático-penal, a partir del marco constitucional de protección del medio ambiente en el ordenamiento jurídico colombiano. Se examina la evolución jurisprudencial desde una concepción antropocéntrica hacia enfoques ecocéntricos y bioculturales, en los cuales la naturaleza y sus componentes adquieren relevancia jurídica autónoma, sin desconocer las finalidades humanistas del Estado Constitucional. Sobre esta base, se aborda la delimitación conceptual entre minería legal, informal, tradicional e ilegal, destacando el papel del título minero, el cumplimiento de la normatividad administrativa y, especialmente, la capacidad lesiva de la conducta como criterios determinantes de la relevancia penal. Se sostiene que la mera infracción administrativa no basta para fundamentar la intervención del derecho penal, la cual exige la configuración de un riesgo jurídicamente desaprobado o una afectación grave al ecosistema, conforme a los principios de lesividad y ultima ratio. Por último, se examina el tipo penal de explotación ilícita de yacimientos mineros, su relación con la teoría del riesgo permitido y los límites entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, resaltando la necesidad de evitar solapamientos contrarios al principio non bis in idem. Se concluye que la respuesta jurídico-penal frente a la minería ilegal debe construirse desde una interpretación sistemática que armonice la protección ambiental, el desarrollo sostenible y las garantías propias del derecho penal.

El artículo analiza las tensiones entre concepciones individualistas y colectivistas de la guerra, la criminalidad organizada y la paz, y su impacto en las posibilidades de construir una paz duradera en Colombia. El argumento central sostiene que lo individual y lo colectivo no solo condicionan la manera en que se define y se gobierna el conflicto con las organizaciones criminales, sino que también determinan el futuro de la paz en las comunidades, especialmente en aquellas marcadas por la exclusión estructural. Desde esta perspectiva, el trabajo plantea la necesidad de repensar las categorías clásicas con las que se han abordado la guerra, la delincuencia organizada y el delito político. En el plano metodológico, el artículo adopta un enfoque teórico-jurídico y sociopolítico, basado en el análisis crítico de la literatura especializada y en la reflexión sobre el caso colombiano. Los resultados muestran que las lecturas centradas en la seguridad individual y en las respuestas predominantemente punitivas o militarizadas resultan insuficientes para captar la complejidad de la criminalidad organizada contemporánea, en la que se entremezclan motivaciones individuales, dinámicas colectivas y funciones políticas y sociales en comunidades excluidas. En este marco, el artículo argumenta que la paz no puede reducirse al control de la violencia ni al cese de hostilidades, sino que debe concebirse como una paz constitucional orientada a la garantía de la seguridad humana, la inclusión social y la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales.

El presente artículo examina, desde la teoría de los delitos de comisión por omisión, los presupuestos que permitirían atribuir responsabilidad penal al empresario por el incumplimiento de los deberes de prevención y control destinados a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con ese propósito, se analiza la estructura del delito de omisión impropia y el papel de la posición de garante como fundamento de imputación; asimismo, se examinan las distintas tesis sobre la fuente de la posición de garante del empresario y se identifican los sujetos que, al interior de la organización empresarial, pueden asumir tal condición. Finalmente, se estudia el alcance de los deberes de prevención derivados de la normativa nacional e internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se concluye que el empresario detenta una posición de garante vinculada al control de la actividad empresarial como fuente de riesgo, lo que permite atribuir responsabilidad en comisión por omisión cuando la infracción de los deberes de prevención y control genera la realización del riesgo jurídicamente desaprobado que tales normas buscan evitar.

En el presente artículo jurídico de reflexión se abordará la reforma al Código de Procedimiento Penal colombiano, de que trata la Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se adoptaron medidas para la investigación y judicialización de organizaciones criminales, con especial énfasis en la identificación de los grupos a los que esa legislación va dirigida, con lo cual se buscará una conceptualización que racionalice su uso y evite su alusión indiscriminada. Esta investigación se ha desarrollado a partir de una metodología cualitativa de tipo documental, con un énfasis dogmático-jurídico. El análisis parte de la hermenéutica de la Ley 1908 de 2018, de sus antecedentes normativos, de la revisión de los instrumentos internacionales y de la jurisprudencia relevante, empleando para ello criterios de interpretación histórica, sistemática y teleológica. Esta investigación surgió de la necesidad de identificar a quiénes se aplicarían los prolongados términos procesales definidos, de crear jueces excepcionales para atender estos casos, de analizar la mayor afectación a la intimidad y de examinar la criminalización de nuevos comportamientos. El análisis normativo e interpretativo permitió establecer que la mencionada ley no está dirigida a cualquier forma de asociación delictiva, sino a estructuras criminales con ciertas características, no siempre coincidentes con la delincuencia común organizada. La remisión a la Convención de Palermo es insuficiente y ambigua, que puede conducir a la expansión de las medidas de represión del aparato estatal. Esta diferenciación partió, precisamente, del reconocimiento hecho por instituciones del Estado. Por tanto, se propusieron criterios jurídicos orientados a delimitar y restringir el alcance de la normatividad revisada, solo a ciertas organizaciones con capacidad de violencia, estructura e incidencia territorial. * Lo aquí escrito no compromete a ninguna entidad a la que el autor pertenezca o haya pertenecido. El autor agradece al profesor Jairo Acosta y al procurador Efrén Salamanca por sus observaciones a una versión previa de este documento. Fecha de envío: septiembre de 2025.

La relación entre penas y medidas de seguridad en el ordenamiento jurídico colombiano permite clasificarlo como un modelo de una sola vía. Esta configuración conduce a que las necesidades de protección frente a sujetos que representan un elevado riesgo de cometer graves delitos en el futuro sean canalizadas mediante disposiciones que no están en armonía con los principios básicos de un derecho penal liberal. Con el objetivo de buscar una posible solución a esta problemática, en este artículo se explora el modelo alternativo al escogido por nuestro legislador: el sistema de doble vía. Para ello, se analiza el ordenamiento jurídico alemán, con especial énfasis en su medida de seguridad más drástica, a saber: la custodia de seguridad (Sicherungsverwahrung). Contrariamente a lo que podría pensarse en un primer momento, el sistema de doble vía repercute de manera positiva en principios centrales de un Estado de Derecho como los de igualdad y seguridad jurídica. Asimismo, una configuración complementaria de las penas y las medidas de seguridad logra armonizar de mejor manera la posición jurídica de los involucrados y los intereses de la sociedad en su conjunto.

En Colombia se han implementado mecanismos de justicia transicional desde la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)[1]. En este contexto, el presente artículo aborda la compleja relación entre la reparación integral a las víctimas y la escala masiva de la victimización en el contexto del conflicto armado colombiano, centrándose exclusivamente en el modelo de justicia restaurativa implementado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los objetivos son: (a) distinguir la justicia restaurativa y la retributiva, (b) definir los concepto de reparación integral de acuerdo con el marco jurídico colombiano, macrovictimización y daño sistémico, con fundamento en la JEP, (c) analizar la implementación por parte de la JEP de herramientas como los macrocasos y el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), pues la Jurisdicción prioriza la reparación colectiva del daño sistémico sobre el perjuicio individual, y (d) desarrollar una discusión sobre las tensiones y percepciones (frustración) de las víctimas respecto de las medidas de reparación de la JEP, con especial referencia a la ausencia de indemnización económica directa. Se aplica una metodología cualitativa de tipo analítico y documental, con la cual se analiza la jurisprudencia de la JEP, el marco legal de la justicia transicional y la doctrina relevante. La conclusión apunta al enfoque restaurativo de la JEP, que se adapta a la magnitud del conflicto interno colombiano, incidiendo de forma directa en la reconciliación y la restauración del tejido social. [1] Véase Corte Constitucional (Auto 119, 2013): “Las Leyes 975 de 2005 y 1424 de 2010, al igual que el decreto 1290 de 2008, traducen la normatividad anterior a términos de ‘justicia transicional y derechos a la verdad, la justicia y la reparación’. Sin embargo, es importante resaltar que con independencia del momento en el que se empezó a utilizar el discurso de la justicia transicional, en este conjunto de normas es posible encontrar disposiciones que limitan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con el propósito de alcanzar la paz y la convivencia, tales como la desmovilización de grupos armados al margen de la ley contemplada incluso en la Ley 418 de 1997”.

El campo de la justicia transicional existe en Colombia desde hace cerca de 20 años[1]. Como consecuencia del proceso transicional en el país, se acogió un modelo que hacía un balance entre verdad, justicia y reparación. Dentro del ámbito de la justicia, se optó por la investigación y el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Un concepto que surgió como central fue el de la investigación macrocriminal de los crímenes de sistema. Con base en ello, se organizaban lo que en otros países se denominan las macrocausas para juzgar a un gran número de personas por una amplia gama de crímenes. En el presente documento, pretendemos mostrar el origen del concepto y su implementación en la investigación colombiana. Para ello, nos concentraremos en el trabajo hecho en la Jurisdicción Especial para la Paz. [1] El campo de la justicia transicional (JT) tiene una historia reciente. Las prácticas de justicia transicional, como las amnistías e indultos, existen desde mucho tiempo atrás. Solamente con el surgimiento del modelo de justicia y paz, estas prácticas comienzan a ser enmarcadas en un nuevo campo académico.

En el marco del conflicto armado colombiano, el daño opera como un lenguaje universal que excede y conecta una serie de hechos violentos aislados. Este artículo sostiene que los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate, atribuidos a una organización criminal que operó desde el Batallón La Popa en el marco del caso 03 de la JEP, forman parte de un patrón macrocriminal aporofóbico y xenófobo. De esta manera, el daño padecido por los pueblos indígenas en el conflicto se caracteriza desde una escala macro: una espiral que converge en el exterminio y es alimentada por curvas interdependientes. Curvas que se materializan en la existencia de la denominada “mala muerte”, junto con la tortuosa imposibilidad de armonizarla en las necesarias ceremonias espirituales acompañadas del quiebre de la relación con el territorio por la profanación de sitios sagrados y la consecuente desterritorialización de los pueblos; su pérdida de confianza en el Estado ante la involución de su naturaleza constitucional protectora hacia la de un depredador; la pérdida de control sobre su plan de vida y la imposibilidad de revertir el estigma que justificó toda la barbarie, se proyectaron potenciando el riesgo de su exterminio.

Este artículo examina el régimen jurídico aplicable a la incautación y el comiso de criptoactivos en Colombia. Se define el marco conceptual y normativo de la materia, con especial referencia a la naturaleza jurídica y tecnológica de las criptomonedas y de los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés: non-fungible tokens), así como a los actores institucionales y privados que pueden intervenir en estas actuaciones: la Fiscalía General de la Nación, los jueces de la República, los órganos de policía judicial y los proveedores de servicios de activos virtuales centralizados (PSAVC). Asimismo, se diferencia, desde una perspectiva técnico-operativa, el ecosistema en que pueden encontrarse los criptoactivos, distinguiendo entre regímenes de heterocustodia y de autocustodia. De la mano con los lineamientos trazados por la Fiscalía General de la Nación, se examinan y proponen técnicas idóneas para la ejecución de estas medidas. Por último, se enfatiza la necesidad de ejercer un control de legalidad sobre los procedimientos y de garantizar el respeto al debido proceso, al derecho de defensa del investigado, de las víctimas y de los terceros con interés legítimo en la actuación.