La disciplina del derecho natural y de gentes fue objeto de controversia académica e intelectual a lo largo de Europa occidental desde el siglo XVII. En este contexto, el presente estudio se pregunta por los efectos de la división confesional europea en la educación y literatura jurídica dominada por el ius commune. Como intentamos probar, la cultura intelectual católica y su par protestante se interconectaron por medio un espacio de circulación, comunicación y traducción de conocimiento jurídico creado por la naciente ciencia jurídica europea. Se concluye que los autores y obras iusracionalistas, si bien colisionaron en distintos puntos dogmáticos con la cultura jurídica católica, logran nutrir a la educación jurídica continental con nuevas propuestas metodológicas y teorías en el ámbito del naciente derecho público.

Este trabajo aborda un análisis de los negocios jurídicos mortis causa presentes en el Derecho Romano y en el Derecho Civil Español, desde la perspectiva del dogmatismo jurídico, con el afán de dar con una definición minuciosa para cada área. El análisis pasa por revisar la crítica de Jordano Barea a la concepción doctrinal mayoritaria sobre el testamento, revisar la naturaleza privada de las instituciones mortis causa, valorar los efectos jurídicos que podrían desplegar con carácter inmediato y la mediación en su seno de una condicio iuris. Durante el curso de la tarea, se advierte la presencia implícita del concepto de terminus iuris en ambos ordenamientos. Finalmente, se desemboca en las propuestas de definiciones.

El repartidor de pleitos de la Real Chancillería de Valladolid fue el oficial que, desde fechas tempranas, garantizó la igualdad y equilibrio en la actividad de las escribanías de cámara del Alto Tribunal castellano, al mismo tiempo que el correcto procedimiento de los litigios en su fase inicial. En el presente artículo se estudia la normativa que daría lugar al oficio y al procedimiento del repartimiento, así como se analiza el propio oficio, sus titulares y el mismo procedimiento; remarcándose su influencia en otros altos tribunales hispánicos y americanos, así como en el repartimiento de los asuntos judiciales en la administración de justicia contemporánea.

Mediante el Protocolo Matéus-Menabrea de 1886, Colombia e Italia acordaron someter al Gobierno de España la decisión de si correspondía indemnizar a Ernesto Cerruti y a otros súbditos italianos radicados en Colombia por los perjuicios que hubieran sufrido por responsabilidad de la administración. Los numerosos aportes existentes hasta el momento en la literatura no han atendido demasiado a las fuentes españolas sobre la cuestión, y se han centrado únicamente en examinar la primera fase de este proceso, el millonario pleito relativo a Cerruti. El presente trabajo pretende ofrecer una visión panorámica de las dos fases del litigio en España, resaltando el carácter peculiar del estatus reservado al mediador –o, mejor dicho, árbitro– y contextualizando la rocambolesca trayectoria del asunto dentro de un escenario general de transformaciones muy profundas en el que el derecho internacional se encontraba en un momento todavía experimental.

Este artículo estudia la fundación de La Serrezuela como experiencia de colonización agraria privada inspirada en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. A través de dos documentos clave, fechados en 1778 y hasta ahora desconocidos, se analizan las exenciones y privilegios otorgados a los colonos para fomentar el poblamiento de la nueva colonia. La iniciativa, promovida por el marqués de la Serrezuela, combinó capital privado y respaldo estatal; no obstante, pese a sus ambiciosos comienzos, el proyecto acabó fracasando. Así pues, este caso ilustra los límites del reformismo ilustrado aplicado al medio rural andaluz desde la iniciativa particular.

El presente artículo analiza la administración de justicia en casos de contrabando en Medellín, Antioquia, entre 1820-1850 y plantea la coexistencia de dos culturas jurídicas, fenómeno que denominamos maridaje entre el Antiguo y Nuevo Régimen. El estudio se centra en casos judiciales relacionados con el cultivo y el contrabando de tabaco, mostrando la complejidad en la convivencia de las fuentes del derecho del momento al juzgar. Además, se evidencia la resistencia hacia un proyecto político y jurídico moderno, lo que afectó la aplicación de la normativa republicana. El estudio revela la complejidad en la convivencia de las fuentes del derecho, así como la relevancia del contrabando en la economía de la época y su impacto en las rentas del Estado. Se destaca la tensión entre las justicias locales y letradas, así como la falta de jueces letrados, lo que generó una dualidad jurisdiccional que buscó aumentar la efectividad de la justicia en los primeros años de la República.

Se reúne en esta aportación un elenco de casi 400 regestas de documentos relativos al período de la administración del Emperador Carlos y a la localidad manchega de Socuéllamos, donde se pueden apreciar tanto cuestiones de carácter local, como muestras de la política que estaba desarrollando la monarquía por aquellos años. Destaca el gran número de disposiciones que se refieren concretamente a las disputas de términos y aprovechamientos entre esa villa y los pueblos comarcanos, prueba del crecimiento humano, ganadero y económico que se estaba produciendo en aquellos momentos.

El delito de tercería locativa fue creado por el Código penal de 1963 como resultado del movimiento abolicionista europeo en su lucha contra la trata de mujeres. La persecución de aquellos que facilitaran habitación o local para la práctica de actos sexuales “ilícitos” quería constituir un instrumento contra la prostitución, pero se convirtió también en un mecanismo de control de las prácticas sexuales durante el franquismo.

Este artículo estudia una iniciativa del rey de España Fernando VII del año 1825, para que el Consejo de Castilla consultase sobre la conveniencia de que la esclavitud fuera abolida en todos o parte de sus dominios. Repasa algunos antecedentes del reinado de Fernando VII en relación con la abolición de la esclavitud y las circunstancias del momento, para conocer mejor el marco histórico de la propuesta real y comprender algunos motivos de tal iniciativa. Seguidamente, el artículo analiza el dictamen que prepararon los fiscales del Consejo de Castilla para el Consejo pleno y, a continuación, la consulta final que el Consejo pleno elevó al rey de España. El monarca, de acuerdo con su Consejo, resolvió no alterar por el momento la situación legal de la esclavitud, tanto en los territorios españoles de la Península como en los de Ultramar, por las consecuencias que ello pudiera acarrear a la estabilidad y control de aquellos territorios que, como Cuba y Puerto Rico, tenían una muy elevada población de esclavos. Como consecuencia de esta decisión real la esclavitud continuó vigente en España muchos años más y España fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud. El artículo se apoya fundamentalmente en la consulta de documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en su mayor parte inédita.