El presente artículo tiene por finalidad analizar el sistema deportivo nacional a veinte años de la promulgación de la Ley 28036 Ley de Promoción yDesarrollo del Deporte y en el marco del proceso de descentralización.

FIFA has approved new regulations governing the activities of agents in soccer, introducing significant changes to the 2015 regime, particularly the limitation on agents' commissions. This regulation has encountered strong opposition from agents, generating a large number of legalclaims pending resolution by the CJEU. Until then, the most contentious aspects of the regulations have been suspended.

In any consumer society, collaboration between companies and their suppliers is essential, as the latter are the ones who meet the demand for goods and services required at different levels of production. It is very common for this business collaboration to take place through credit, giving rise to an invoice that is issued with a due date. This creates a need for liquidity among supplier companies, which are typically characterized by limited access to the financial system. Factoring appears as a solution to this problem, but also as an investment opportunity. This article will discuss the most relevant aspects of this issue.

través del presente artículo, el autor repasa la motivación para la inclusión de este tipo de cláusulas en contratos de financiamiento, queson los covenants financieros, algunos tipos o categorías de los mismos, conceptos claves para su utilización y ciertos aspectos relevantes desde el punto de vista práctico al utilizarlos y negociarlos

In this article the authors analyze whether or not the amendment made to Article 52 of the Organic Law of the Central Reserve Bank, Decree Law N. 26123 by Law 31143, Law that protects consumers of financial services from usury, is constitutional or not, as a result of the Constitutional Court's Decision (Plenary. Decision 95/2024-).

El Código Civil de 1984 encierra algunas grandes contradicciones, que generan soluciones difíciles al común denominador de las personas, así como a quienes deben administrar Justicia, ya que se ven expuestos a lidiar permanentemente con el abanico interpretativo que nos genera nuestro código sustantivo. En el artículo bajo comento hacemos análisis de una contradicción que se nos presenta en el caso concreto de la indivisión testamentaria y las posibilidades y consecuencias de la no aceptación de la misma por parte de los herederos testamentarios, lo que puede llevarnos a entender contradictoriamente ello como una suerte de renuncia parcial de la herencia, por cierto no permitida por la Ley. Nos hemos valido de las soluciones que se han encontrado en legislaciones extranjeras, básicamente Argentina y España, para tomar referencias del tratamiento y solución normativos, así como de nuestros antecedentes del Código Civil de 1852 y del Código Civil de 1936, en cuanto al estado de indivisión testamentaria.

Con una economía peruana dinámica y en constante movimiento hace casi tres décadas, y en un escenario en que inversionistas extranjeros y locales siguen invirtiendo en empresas constituidas y emprendimientos, resulta de vital importancia para abogados y empresarios contar con un breviario que desarrolle en forma didáctica, por umbrales, los derechos que todo accionista minoritario tiene por ley en el vehículo societario más utilizado para llevar a cabo negocios en Perú: la sociedad anónima; así como las posibilidades que la libertad contractual otorga para regular sus intereses a través de convenios de accionistas.

En el presente trabajo encontrarán la identificación de los principales inconvenientes que provienen del acordar una cláusula arbitral escalonada, así como las herramientas con las que contamos en el arbitraje internacional para que no se evite la actuación de la fase arbitral. Asimismo, existen propuestas a tomar en consideración al momento de pactar estas cláusulas, con el fin de promover que sean las partes quienes soluciones sus controversias en lugar de que lo haga un tercero.

Bien coinciden las más autorizadas voces en doctrina en que uno de los mayores triunfos de la humanidad en su historia ha sido el poder solucionar conflictos sin tener que recurrir a la violencia, el poder lograr la paz sin acudir a la guerra. Como sociedad, hemos desarrollado y evolucionado nuestro concepto de justicia a lo largo de la historia, a tal punto que la dependencia total sobre el fuero judicial se ha vuelto un lejano recuerdo del pasado. Más allá de la opinión que pueda guardar cada uno sobre la naturaleza del arbitraje, es innegable que, por su propia configuración, sus valores están profundamente arraigados en la libertad individual – y colectiva – de los justiciables. Es así como la Lex Mercatoria nos ofrece una alternativa que complementa la misión judicial – más allá también de la discusión de si el arbitraje ejerce jurisdicción o no – y hace posible brindar transparencia, celeridad y especialización a la solución de controversias, con la particular virtud de permitir a quienes acuden a su tutela el derecho de elegir su foro, su tribunal arbitral, y sus reglas de juego.

The cognition or declaratory process is currently the only mechanism that allows a creditor to claim recognition of its right, but it has significant disadvantages, such as its lengthy duration of 5 to 10 years and the high costs associated with it, even for small debts. To solve this problem, the order for payment process has been implemented in several jurisdictions, which offers a more agile procedure in which a judge can quickly recognize the creditor's right and issue an enforceable order. This process can be pure, without the need for documentary evidence, or documentary, which requires some evidence to support the claimed obligation. In case of opposition by the debtor, this must be substantiated, which may result in a declaratory proceeding to clarify the existence of the claim. The Commission for the Reform of the Code of Civil Procedure proposes two types of order for payment proceedings: one for the collection of sums of money and the other for the restitution of property. However, the procedures for recovery of possession are not considered to be compatible with the speed sought by the order for payment. For a claim to be claimable, it must be liquid, due and payable, without establishing a maximum limit on the amount. It is suggested that the burden of proof should fall on both parties in the documentary payment order process, avoiding the need to initiate a declaratory process. If there is no opposition or it is extemporaneous, the judge may conclude the process and issue a resolution with the value of an enforceable title. The purpose of this initiative is to discourage delinquency, accelerate collection processes and promote a predictable legal environment that stimulates investment