El contrato de prestación de servicios en Colombia se ha consolidado como una figura legal ampliamente utilizada en el ámbito laboral privado. Sin embargo, su uso indebido para evadir las responsabilidades laborales inherentes a las relaciones de trabajo ha generado un debate jurídico sobre sus implicaciones. Este artículo analiza las consecuencias jurídicas derivadas de la desnaturalización de este tipo de contrato, especialmente cuando se utiliza para ocultar relaciones laborales subordinadas, lo que se configura como un “contrato realidad”. A lo largo del estudio, se identifican los principales riesgos asociados con esta práctica, tales como la vulneración de derechos fundamentales del trabajador, la seguridad social, la estabilidad laboral y la remuneración justa. El artículo también aborda las causas subyacentes de esta problemática, y destaca la falta de una regulación más estricta y la insuficiente fiscalización por parte del Estado. Si bien el análisis expone la gravedad del uso indebido de los contratos de prestación de servicios, el trabajo sugiere la necesidad de implementar reformas legislativas y fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar la precarización laboral.

Este artículo de investigación tiene como finalidad explorar la posibilidad de que el derecho agroecológico, como rama jurídica en formación, pueda brindar un marco básico para que el empleo o trabajo verde en la agricultura tenga una legislación que contemple prácticas que en verdad sean sostenibles y contribuyan no sólo al aumento de este tipo de empleo, sino a garantizar el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho a un clima sano.

Las acciones judiciales han propendido por equilibrar la relación asimétrica de poder que subyace en las relaciones laborales en asuntos colectivos. El objetivo de este artículo es reflexionar la relación entre la acción administrativa sancionatoria del Ministerio del Trabajo y la acción constitucional de tutela, al tener como referente la acción penal del delito que atenta contra la libertad del trabajo y asociación, y mediante la exhibición de su evolución legislativa y su actual interacción en torno a los derechos colectivos del trabajo. La interacción que subyace entre derecho laboral, penal y constitucional en derechos de asociación sindical, dadas las acciones legales colombianas existentes a menudo es imprecisa, pues quien litiga o administra justicia en derecho laboral puede carecer de conocimientos en materia penal y viceversa, igualmente adicionando la acción de tutela. Aquí se exhiben casos del delito de violación de los derechos de reunión y asociación sindical y se reflexiona esa realidad jurídica.

El presente artículo pretende visibilizar la falta de acceso efectivo a la protección social de millones de mujeres indígenas en América Latina. De manera específica, al derecho fundamental de la seguridad social y los factores que intervienen en torno a la discriminación por cuestiones de género, etnicidad y su sobre representación en la economía informal. Esta situación, innegablemente genera condiciones para un trato jurídicamente diferenciado en aras de alcanzar la anhelada justicia social en lo que concierne a la protección social bajo un enfoque intercultural, al deslaboralizar la seguridad social a favor de la erradicación de la discriminación estructural.

Se aborda el impacto que el neoliberalismo tiene sobre las relaciones laborales y se agrega una perspectiva de género que muestra cómo la precarización afecta diferencialmente a hombres y mujeres. De acuerdo con el análisis, la flexibilización ha perpetuado estereotipos de género en el mercado laboral al producir desigualdades estructurales que no han sido adecuadamente tratadas por los enfoques tradicionales. A través de una metodología de revisión documental, que combina datos empíricos sobre empleo y condiciones laborales en el Cono Sur, con una lectura crítica de la literatura, estudiamos cómo las mujeres enfrentan barreras de acceso a empleos bien remunerados y a posiciones de liderazgo, mientras que los hombres están sobrerrepresentados en sectores de alto riesgo, con mayor carga laboral y problemas para conciliar vida laboral y personal. El artículo ofrece análisis integral sobre la equidad de género en el ámbito laboral y deja en claro que la brecha salarial no es la única desigualdad existente. Se sostiene que identificar los problemas que dañan ambos géneros —aunque de diferentes formas— no relativiza las luchas feministas, sino que permite hacer un debate más amplio y profundo acerca de la precarización, al promover la implementación de políticas de empleo inclusivas y justas.

La denominada “inteligencia artificial” y la gestión del trabajo a través de fórmulas matemáticas y análisis complejos de patrones ha provocado un cambio significativo en el ejercicio del poder de dirección en la empresa, lo que ha permitido que la toma de decisiones sobre la organización empresarial y la gestión de los trabajadores se realice por máquinas de manera alienada y sin vinculación emocional con las personas trabajadoras. Esto ha dado lugar a una relación laboral despersonalizada, mecánica, ubicua y aparentemente infalible que, pese su impacto negativo sobre los trabajadores, tiene poca relevancia ante las ventajas económicas que la inteligencia artificial representa para las empresas. En tal sentido, los sistemas de inteligencia artificial vigilan, controlan, sancionan y toman decisiones sobre las personas trabajadoras que generan no sólo riesgos sobre su seguridad y salud, y sobre sus derechos fundamentales, sino que, además, despersonalizan un vínculo que, en esencia, requiere de un contacto directo y personal, o al menos de una mínima empatía entre las partes.

En México, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 30 de noviembre de 2012, se incorporaron los términos hostigamiento y acoso sexual, de forma tal que se buscó fortalecer los principios de equidad y no discriminación, al evidenciar la existencia de este tipo de conductas que atentan contra la dignidad del trabajador. No obstante, las definiciones establecidas no son claras ni exhaustivas, lo que genera problemas al momento de identificar una conducta, en especial, relacionada con el acoso laboral. En virtud de esto, el presente trabajo de investigación tiene como propósito encontrar una definición completa del acoso laboral, así como identificar los elementos que constituyen los actos que configuran este tipo de acoso. De igual forma, se indaga sobre las acciones con las que cuenta un trabajador víctima de mobbing para defender su derecho a un trabajo digno o decente y conseguir el cese de las conductas constituyentes de acoso.

La Declaración de Filadelfia, de 1944, se instituyó en el primer instrumento que estableció a la seguridad social como derecho humano y, a la vez, marcó el camino para la construcción del marco jurídico internacional en la materia, con el objetivo de brindar atención médica y seguridad de los ingresos a la población. No obstante, su aplicación y adaptabilidad ha enfrentado condiciones socioeconómicas y crisis mundiales de diversa naturaleza, entre ellas las de salud, así como a una serie de cuestionamientos sobre su materialización en un mundo en constante transformación. A ocho décadas de su existencia, la revisión de esta Declaración, y de las normas internacionales emanadas de ella, muestran que esta continúa siendo trascendental, pertinente y vigente. Su influencia es determinante en la construcción o consolidación de sistemas de seguridad social, o para atenuar las crisis, debido a la flexibilidad de las normas, las cuales han permitido adoptar nuevos enfoques complementarios para orientar las futuras decisiones, la realización de otros derechos, como los económicos, sociales y culturales, y reforzar la Agenda 2030.

Este estudio revisa la situación jurídica de los trabajadores que laboran mediante plataformas digitales en el Perú. Su objetivo es analizar la calificación jurídica, así como los derechos colectivos. Por tal motivo se realizó la revisión de textos normativos, académicos e informativos. Como resultado, se puede afirmar que se identifica a estos trabajadores como locadores de servicios; aunque, en casos de desnaturalización contractual, la jurisprudencia puede calificarlos como dependientes. Sobre los derechos colectivos se observó el reconocimiento tácito como trabajadores independientes y su libre ejercicio. Como conclusión se afirma la existencia de trabajadores dependientes y no dependientes, como calificación jurídica de este colectivo, así como el ejercicio de derechos colectivos que pueden asegurar la protección jurídica de estos trabajadores.

Este trabajo examina los principales aportes teóricos y normativos que se refieren a los cuidados como derecho humano universal. Se destaca su relevancia para la sostenibilidad de la vida y la justicia de género. El objetivo es identificar desde estas propuestas técnicas y conceptuales, cuáles serían las condiciones normativas, institucionales y culturales necesarias en torno a su propia definición o redefinición, así como los sujetos de derechos para que los cuidados sean implementados y ejercidos efectivamente como un derecho humano universal. Se aplicó una metodología cualitativa con análisis documental basado en el enfoque de derechos humanos. Entre los principales hallazgos, se identificaron importantes avances normativos a nivel internacional y regional, en torno a la forma de concebir a los cuidados y al sujeto mismo de derechos, que lo integra como agente dinámico de cambios. Aunque persisten desafíos en la implementación efectiva, las conclusiones subrayan la necesidad de garantías con enfoque de género, redistribución y reconocimiento para avanzar hacia un modelo corresponsable que universalice a los cuidados en su triple dimensión del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, con base en la dignidad humana.