El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena por parte de la Corte Constitucional ha sido determinante en la consolidación de la diversidad cultural y étnica del contexto colombiano. En por esto, que el artículo pretende analizar las transformaciones y avances que ha tenido la Jurisdicción Especial Indígena respecto a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana. La metodología utilizada principalmente fue la hermenéutica, ya que se interpretó la jurisprudencia constitucional y los tratados internacionales que abordan la temática del reconocimiento cultural y la autonomía indígena en cuanto a la facultad que tienen los pueblos indígenas de resolver sus conflictos aplicando sus formas de justicia y prácticas ancestrales. Dicha aproximación se realizó desde el enfoque teórico del multiculturalismo. Esta aproximación metodológica permitió examinar el impacto y avance que ha tenido la Jurisdicción Especial Indígena. Se resalta la contribución a la preservación y promoción de la diversidad e identidad cultural, y el pluralismo jurídico, asimismo en la salvaguarda de los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas en Colombia, que incluso logran vincular acontecimientos recientes como lo es la movilización indígena.

El objetivo del artículo fue reflexionar, desde la criminología, el papel del expresidente mexicano Luis Echeverría en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974. A partir de un análisis documental de la figura de la cadena de mando militar y del contexto situacional, estructural e intersubjetivo del ejército mexicano durante la época conocida como guerra sucia, se pudo demostrar que Echeverría fue un genocida y junto con el ex secretario de la Defensa Nacional y otros jefes de sección y zonas militares actuaron como parte de una empresa criminal a fin de llevar a cabo un plan estructurado tendiente a erradicar -fuera del Estado de derecho- todo lo que fuera, pareciera, apoyara o simpatizara con las gavillas (término usado para aquellas personas que buscaban modificar las condiciones sociales en un horizonte de justicia).

Durante los últimos años, algunos órganos resolutivos del Indecopi especializados en protección al consumidor han solicitado a diversas entidades financieras información sobre las operaciones pasivas de los consumidores denunciantes, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. Este requerimiento es jurídicamente inválido, en tanto que infringe el principio constitucional pro hominen, el principio de verdad material y el principio de consentimiento en materia de datos personales. No obstante, en caso la entidad financiera suministre dicha información en el contexto antes indicado, no podría ser sancionada, pues se configuraría uno de los eximentes de responsabilidad previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

El presente estudio busca cuestionar la atribución de cargas y obligaciones en el ámbito de los Tratados de Inversión (AIIs) partiendo del análisis de un obvio y específico contraejemplo: la protección del derecho a la libre transferencia de activos y retorno de inversiones al tratarse de inversiones en cannabis. Cuando las inversiones se realizan en la industria del cannabis, la protección que ofrece el Estado receptor de la inversión es solo la mitad del encargo, pues será obligación del Estado productor de la inversión garantizar que el inversionista pueda legítimamente ingresar el legítimo retorno de su inversión a su Estado de origen. El ensayo establece el marco desde el Derecho de protección de las inversiones, explora las posibles justificaciones de los Estados para restringir el derecho garantizado por el BIT y termina con unas breves conclusiones y recomendaciones.

Trust being a vital aspect of historical development in all societies of the world and it is through it that the legal provisions that safeguard and protect the interests of individuals in society are established, which is why the transit in terms of Its study must start from the initial state of the human being as a social individual, a step for the subsequent creation and appearance of the State until today where it is related to the various areas of daily life. In this script, it is necessary to approach the subject not from its literal analysis provided for in the current administrative legislation, but to start it from its historical analysis to identify why it is especially associated with the public sphere and in this way to understand the dogma that it achieves its incorporation into law as a social science that seeks to frame social reality through the establishment of legal provisions as norms, which they seek is to generate harmony in social coexistence; However, in principle it is propitious to recognize that trust, in terms of its meaning, is not exclusive to the field of law. Being exact, we refer to a concept that involves subjective aspects, since human beings, through free will and decision-making, decide at what point and aspects they can be sure that their counterpart with their role, promise, work or responsibility in society, this means that in principle it is up to sociology to determine the nature and characteristics of trust. Without prejudice to recognizing trust as a starting point from its natural meaning, it is important for this research work to address the issue by influencing the historical - dogmatic content that is attributed to the so-called legitimate trust as a social expectation deposited in the State. , through the public administration, being a kind of guarantee against any action and inclusion of omission that occurs in the interactions that exist between the companies and the public administration; However, the same is expected in the internal organizational treatment of the state, not being exclusive only to private - public action but even public - public, that means that not only individuals outside the administrative function are expecting the correct performance of what is known as legitimate trust, but also the various public entities generate expectations in favor of this institution. It is because of the aforementioned that although its framing is currently established as a procedural principle recognized in the General Administrative Procedure Law - Law No. 27444, its scope has not been immune to controversies and even contradictions, so much so that it is generally It is linked to the resolution production in an administrative procedure through the line of interpretation assumed by a public entity and in some more extreme cases to the resolution production as precedents of obligatory observance, which as we will see is not the most appropriate. . In this sense, starting from the justification of the existence of the institution studied in the Peruvian legal system, we warn that it is necessary to consider that this treatment goes beyond the request made in an administrative procedure; If indeed there is disagreement in the use of this institution when it refers to the discretionary space proper to some administrative actions or even the contravention of the principle of legality, when faced with a guarantee principle, it is worth remembering that like any aspect related to the interest In general, there must be parameters or limits in terms of its application, which is why this does not prevent the promotion of a broad public law construction of the principle in terms of its application in administrative law, in order to achieve the public purposes of its application. object and purpose.

Durante el 2023, el Código Penal fue objeto de múltiples modificaciones. Entre las más relevantes, está la del artículo 84, que establece en su nuevo segundo párrafo el plazo perentorio de un año de suspensión de la prescripción de la acción penal. Aunque ella haya generado una especial polémica en el ámbito político y académico, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República convinieron en su incuestionable aplicación, tal como consta de su jurisprudencia más reciente emitida entre junio y noviembre de dicho año. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2023 se publicó el Acuerdo Plenario N.° 05-2023/CIJ-112, a través del que los mismos tribunales que aplicaron dicha modificatoria, plantean su inconstitucionalidad como doctrina legal. La variación tan abrupta de criterio no solo promueve la inseguridad jurídica, sino que propone la permanencia de una concepción irracional del cómputo de plazo de suspensión, incompatible con el derecho al plazo razonable.

En un contexto de comercio global en constante evolución, los sistemas de «ventanilla única» se han convertido en herramientas clave para simplificar y optimizar los procesos comerciales. Estos sistemas juegan un papel crucial en la simplificación y automatización de la interacción entre las empresas y las autoridades gubernamentales, permitiendo el intercambio de información y el cumplimiento de los requisitos regulatorios a través de una interfaz única. Sin embargo, la práctica demuestra que los enfoques para implementar el concepto de «ventanilla única» varían significativamente en función de las características y necesidades de las diferentes economías. Este artículo explora la diversidad de los sistemas de ventanilla única existentes y su impacto en la simplificación de las operaciones comerciales. Se pone especial énfasis en dos tipos principales de sistemas de ventanilla única: (i) los sistemas orientados a importadores y exportadores, y (ii) los sistemas relacionados con la transportación de mercancías. La discusión destaca la importancia de las plataformas de interacción en el comercio, que aseguran la integración de los procedimientos comerciales y de transporte a nivel global. Por último, se empleó una metodología documental junto con un enfoque dogmático jurídico.

El objeto de estudio de este trabajo se centra en el Decreto Legislativo 1611 que modificó el artículo 341 del Código Procesal Penal, que dispuso entre otros, la incorporación de nuevas técnicas especiales de investigación. En el presente trabajo se abordará la finalidad que presentan las técnicas especiales de investigación en el esclarecimiento de los hechos delictivos realizados por las organizaciones criminales, así como los principios que la regulan y que impiden que su aplicación no vulnere derechos fundamentales de las partes procesales. Por otro lado, se describirá en qué consiste la aplicación de las técnicas especiales de investigación, como lo son: agentes encubierto, revelado, especial y virtual; ello a propósito de la publicación del Decreto Legislativo 1611 que modificó el artículo 341 del Código Procesal Penal. Finalmente, se detallará la importancia que tiene el contenido de dicha modificación en la lucha contra el crimen organizado.

El presente trabajo de investigación fija su norte en escudriñar los tratamientos doctrinarios y jurisprudenciales de la ejecución de la pena, deteniéndose en los criterios ideológicos de la administrativización de la ejecución de las penas, especialmente las que, corresponden a las privativas de la libertad, propios de un Estado, premoderno que propicia el ejercicio abusivo del poder disciplinario de la autoridad administrativa penitenciaria y que, deja de lado el ejercicio de los derechos de los autores del delito, no comprometidos por la ley y la naturaleza de la sentencia impuesta, como también de sus derechos fundamentales que, la constitución y los tratados internacionales lo reconocen y lo protegen; llegando a la conclusión su ilegal aplicación dentro de un Estado democrático de derecho que, exige e impone al Estado la judicialización de la ejecución de la pena, a través del juez de ejecución penal como herramienta jurisdiccional que, efectivice la protección de la libertad y dignidad humana del condenado que, constituye el principio superior de todos los derechos constitucionales y que, los instrumentos internacionales lo reconocen.