Este artículo explora el concepto de seguridad como fundamento del contrato social y sus transformaciones a partir del surgimiento de nuevas amenazas y concepciones de la seguridad y las relaciones internacionales. En primer lugar, a la luz del pensamiento clásico de Hobbes, Locke y Rousseau, se analiza la relación del contrato social con la seguridad, entendida como la protección de derechos fundamentales como la vida, la propiedad privada y la libertad. Luego se analiza la seguridad y el poder desde diversos enfoques de las relaciones internacionales. Se concluye que es necesario generar un nuevo contrato social bajo las premisas de la seguridad multidimensional y los derechos humanos.

Se efectúa una retrospectiva sobre el concepto de la institución de policía desde dos postulados teóricos de la micro- y la macrosociología: la teoría deinstituciones totales de Erwin Goffman y la postura de Lewis Coser sobre las instituciones voraces y las sectas.
 El propósito del artículo consiste en efectuar una delimitación de la policía a partir de sus características diferenciadoras, es decir, como instituciónindependiente, por cuanto, al revisar la literatura sobre las instituciones depolicía, resulta evidente que la construcción de los conceptos es eminentementefuncional, lo cual no es malo en sí, aunque deja por fuera el concepto sociológico de la institución.Igualmente, se explica por qué la institución de policía es propia de lamodernidad. Cabe señalar que, para el caso colombiano, los estudios y análisis sobre aquella institución cuentan también con un desarrollo mínimo. Los escasos estudios han dejado por fuera las orientaciones genealógicas de lapolicía en particular. Es repetitiva la queja por la ausencia de estudios sobre los cuerpos de policía. Para la academia, este texto es una invitación y un aporte a la teoría de la policía. La escasez de estudios sobre este tema dificulta que la academia encuentre referentes suficientes para poder establecer un diálogo con una institución necesaria dentro de la construcción de una democracia y básica dentro de la organización estatal, que debe estar estrechamente vinculada con los avances científicos e ir a la par con la evolución del sistema social dentro dela construcción de las sociedades democráticas.

El siglo XXI se está consolidando como la era en que la imposición y el uso del discurso de la biopolítica se han perfeccionado. Con su desarrollo agigantado, surgen profundas transformaciones socioculturales y, por ende, la necesidad de recomprender las relaciones entre las áreas del conocimiento que, por algunos autores, se consideraban separadas y distanciadas en su análisis, tales como la ética, la política y el derecho. Debido a que el discurso de la regla mutó al aparecer la biopolítica, Foucault explica que la regla jurídica derivada de la soberanía transita hacia la regla naturalizada, es decir, a la norma que responde a una sutil colonización de lo jurídico por parte del saber médico. Esta transición solo es posible comprenderla si se entiende qué es el liberalismo y qué es,
 entendido como práctica y como racionalización de la gestión del gobierno en cuanto la armonización entre el desorden, la policía y la libertad.

La situación ocasionada por el covid-19 desató la imposición de una gran cantidad de medidas tendientes a su contención y control por parte de los gobiernos en todo el planeta. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, se utilizó la declaratoria del estado de emergencia sanitaria y de los estados de excepción, durante los cuales se ha limitado el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la recreación y a la educación, entre otros. El objetivo de este artículo es analizar los desafíos que la pandemia ha generado para la vigencia de los derechos fundamentales y el tipo de control de constitucionalidad que se necesita para su protección. Este estudio es explicativo y exploratorio, con un método cualitativo, mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, con técnicas de análisis documental y observación directa. Se concluye que la limitación de ciertos derechos en virtud de medidas de emergencia sanitaria, puede llegar a ser abusiva o evidentemente inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo, al no existir la obligatoriedad de un control automático o inmediato de constitucionalidad sobre este tipo de normas que se ejercen muchas veces mediante facultades ordinarias; cosa contraria sucede con las medidas adoptadas bajo la declaratoria del estado de excepción, que presenta mayores garantías al exigirse un control automático y oportuno de la Corte Constitucional. Se proponen dos soluciones: 1) vía jurisprudencial, la Corte o Tribunal avoca el conocimiento directo de tales decretos expedidos por el presidente, basta que limiten, restrinjan o suspendan derechos humanos fundamentales; 2) por medio de una reforma constitucional sobre los estados de excepción, en donde se incluya este tipo de decretos o normas sanitarias.

El origen de las cláusulas de limitación y exoneración de responsabilidad del porteador marítimo coincide con el proceso de libertad de pactos en la contratación en la codificación, siendo ampliamente utilizados en la práctica marítima durante el siglo XIX. Las Reglas de la Haya-Visby integran un acuerdo entre los intereses navieros y cargadores para regular estos esquemas de responsabilidad, con una fuerte influencia del derecho del common law. Dada su naturaleza excepcional en la determinación de la responsabilidad, las causales de limitación y exoneración de responsabilidad deben interpretarse bajo los principios de excepcionalidad, causalidad y taxatividad.

Este artículo analiza a los actores militares en las comisiones de la verdad de los casos de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, contribuyendo a la reflexión sobre la justicia transicional en América Latina. Para tal efecto, se recurrió al estudio comparado con el fin de referenciar las violaciones a los derechos humanos atribuidas a estos actores en los informes finales y determinar los comportamientos asumidos por la institucionalidadmilitar en dichos mecanismos transicionales, creados y desarrollados luego de un periodo de dictaduras o de conflictos armados internos.

El artículo tiene como objetivo general describir las medidas de no repetición ordenadas por los órganos convencionales de Naciones Unidas para los Estados latinoamericanos que han tenido comisiones de la verdad. El resultado se consigue mediante el desarrollo de una investigación cualitativa, básica y jurídica, que utiliza el método analítico deductivo e inductivo, y centra su análisis en la práctica internacional de los comités. A partir de esta labor, se obtuvo que siete órganos de tratados de derechos humanos han recomendado medidas de no repetición en el marco del mecanismo de comunicación individual y que, además, estas medidas se clasifican en generales y específicas. Las primeras son aquellas en las cuales los comités determinan la violación del tratado base y recomiendan al Estado que adopte las medidas adecuadas y efectivas para que los hechos no vuelvan a ocurrir. Entre tanto, en las segundas han extendido recomendaciones en seis variantes, entre ellas, reformas normativas, creación de programas en derechos humanos, capacitación en derechos humanos, destinación de recursos o adecuaciones de instalaciones públicas, acceso a la justicia e imposición de sanciones y acceso a información.

This thought-provoking paper explores the intriguing issue of Indonesia’s limited geographical jurisdiction concerning extradition treaty implementation. Extradition, the process of returning fugitives to face justice, is frequently impeded by complex legal obstacles stemming from a country’s membership in the United Nations and commitment to human rights principles and values. Due to their legal jurisdiction or concerns regarding human rights violations, many nations are not obligated to deliver over suspects, posing a unique difficulty for Indonesia. Nevertheless, there is optimism. International cooperation and the development of extradition agreements can serve as a road map for nations seeking to enhance their extradition practices. Countries can negotiate multilateral or regional agreements that satisfy the concerns and interests of all parties by comprehending the complexities of the extradition process, such as the list of extraditable offences and customary international law. Our paper suggests that nations investigate legal models and extradition treaties that offer viable solutions for overcoming these obstacles. By collaborating and sharing information, we can surmount obstacles to justice and ensure that fugitives face the consequences of their actions, regardless of where they hide.

With the Taliban’s resurgence in Afghanistan, a unique situation arises regarding their pursuit of international recognition. On the one hand, their close ties to terrorist organisations like al-Qaeda and their questionable sources of funding raise significant concerns about the consequences of granting them international legitimacy. Conversely, the international community, particularly the United States, appears hesitant to intervene at this juncture, prompting thoughtful reflection. Specifically, post-recognition, there is a looming question about whether the Taliban will persist in endorsing terrorist activities or relying on illicit funding methods. In such a scenario, determining the justification for humanitarian interventions becomes a critical consideration. Moreover, the extent of intervention during the transitional phase from lawlessness to lawfulness in Afghanistan, where extreme crimes are prevalent, demands scrutiny. In this context, it is pertinent to explore Immanuel Kant’s perspectives on humanity and his work Perpetual Peace as they align with the current situation. Therefore, this paper aims to assess both sides of the issue through a Kantian lens to gauge the appropriateness of humanitarian intervention under these unique circumstances. Ultimately, this analysis could shape a new framework for interventions in dire situations involving “crimes against humanity” or threats to human lives stemming from such conditions.

En el estudio de la lógica deóntica se evidencia una ausencia total de descripciones semióticas de sus operadores, en la medida en que constituyen descripciones de acciones posibles o probables, pero no con alcance interpretativo real en un momento dado. Por lo tanto, es necesario proponer una relación lingüística entre los operadores clásicos de la lógica deóntica y sus correspondientes interpretaciones semióticas con el fin de ampliar el objeto de estudio de la lógica jurídica.