Este artículo examina dos instituciones del sistema penal colombiano: el allanamiento o aceptación de cargos (guilty plea) y los preacuerdos o negociaciones (plea bargaining). La presente investigación defiende que estas instituciones son diferentes y no deben tener los mismos requisitos; el allanamiento es unilateral y depende de la voluntad del imputado, mientras que los preacuerdos son bilaterales y requieren la negociación entre la fiscalía y la defensa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha tenido posturas divergentes sobre si los requisitos de reintegro patrimonial aplican a ambas instituciones. Su decisión más reciente reconoce que son distintas y que el reintegro solo aplica a los preacuerdos; además, concluye que la discrecionalidad del ente acusador es fundamental para aplicar estas salidas alternas, lo que permite suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, negociar la pena o aceptar cargos voluntariamente.

La inteligencia artificial (IA) ha configurado un evidente impacto en la perspectiva epistemológica y metodológica de sopesar la teoría general del derecho, empezando por la teoría general de los derechos humanos y fundamentales, acentuado por la problemática del rápido desarrollo de la IA y las respuestas para la formulación de diferentes referentes, instrumentos y reglas mundiales que necesariamente advierten la transformación en la interpretación y aplicación del sistema de derechos en escenarios primordiales como la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, educación, debido proceso, entre otros. Paralelamente a dicho proceso surgen los denominados neuroderechos, entendidos como aquellos que protegen a las personas de los eventuales peligros por los efectos de las neurotecnologías, que se equiparan a cualquier herramienta o técnica capaz de manipular, registrar, medir y obtener información del cerebro. En ese contexto, este artículo propone una revisión sistemática de tipo bibliográfico, de naturaleza cualitativa, con carácter exploratorio y descriptivo que tiene el objetivo de identificar las principales tendencias y dinámicas que argumentan la transformación de la iusfundamentalidad de esta clase de privilegios y reconocimientos en función de su reconocimiento efectivo y unificado, teniendo en cuenta que la interpretación jurídica, desde el contexto epistemológico de las ciencias sociales y jurídicas, se instituirá en las siguientes décadas como el más importante reto de la justicia internacional y globalizada, particularmente cuando nos encontramos en presencia de una administración de justicia basada y perfilada en la IA. Realidades que requieren respuestas de orden jurídico, ético y sociopolítico en cuanto al resguardo y protección de las personas.

El patrimonio cultural de interés religioso en Colombia ha gozado de una amplia protección jurídica desde la suscripción de los concordatos de 1887 y 1973 con la Santa Sede, muy a pesar de las reformas legislativas y constitucionales que limitaron el alcance de dichos instrumentos jurídicos con posterioridad. De hecho en la Constitución Política de 1991 se protege y fomenta de forma vehemente la conservación y salvaguarda de estos bienes y se le imprimen atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad para evitar que siendo de interés nacional o cultural terminen en manos de particulares con intereses diferentes o lucrativos. Sin embargo, pese al fundamento constitucional y normativo subsisten en la actualidad varios riesgos que están conllevando al deterioro del patrimonio cultural de interés religioso en Colombia, los cuales están relacionados con las dinámicas del libre mercado, la expansión de fenómenos criminales, la falta de inversión para el mantenimiento y la preservación de los bienes más antiguos y algunos comportamientos de desidia y extralimitación de los propios encargados de administrarlos que no permiten protegerlos de forma eficaz.

La naturaleza jurídica de los procesos de integración supranacionales dentro de los cuales se ubica a la Comunidad Andina, supone el desafío de contextualizar el marco normativo de los Estados miembros con el respectivo proceso de integración. Lo anterior en aras de lograr homogeneidad en los sistemas jurídicos de los Estados vinculados al proceso de integración. Desde el referenciado escenario, el presente artículo ha pretendido reflexionar desde el sistema de organización administrativo descentralizado territorialmente en Colombia, la importancia de la armonización legislativa desde el proceso de integración andino y la jurisdicción contenciosa administrativa. Para el efecto, y luego de la lectura del presente manuscrito, se podrá evidenciar que, tanto a la jurisdicción contenciosa administrativa como a la Comunidad Andina (can), resulta de importancia iniciar el proceso de legalización de propuestas de armonización legislativa en aras de lograr las finalidades del sistema de organización descentralizado territorial en Colombia y del proceso andino de integración. En este sentido, el problema de investigación que se ha querido proponer es el siguiente: ¿desde el escenario de la descentralización territorial, cuál es la importancia de la armonización legislativa atendiendo el proceso de integración andino y la jurisdicción contenciosa administrativa? Las presentes líneas han pretendido identificar la naturaleza jurídica de la armonización legislativa desde el escenario de la can; establecer las principales competencias concomitantes o paralelas entre la can y las entidades territoriales descentralizadas territorialmente en Colombia que permiten armonización legislativa; desarrollar la importancia de las armonizaciones legislativas en la can y desarrollar la importancia de las armonizaciones legislativas en la integración andina desde la jurisdicción contenciosa administrativa.

El artículo de reflexión aborda la dinámica normativa del alcance de los derechos territoriales indígenas, desde una doble dimensión, en primer lugar, se propone un acercamiento fáctico con un enfoque jurídico-etnográfico desde el caso de la comunidad indígena Wayúu (Tamaquito I, corregimiento de Barrancas, La Guajira) y en segundo lugar, un análisis jurídico y doctrinal frente al desarrollo del derecho internacional y nacional en materia de territorialidad indígena y derechos humanos. Como principal resultado, se detalla el alcance y el impacto de la política multicultural a partir de las experiencias del pueblo en esta comunidad, comparándolo con su desarrollo normativo y el aprovechamiento real de esos instrumentos por parte de la comunidad. El abordaje se realizó desde un paradigma hermenéutico, empleando herramientas de revisión jurídico documental y técnicas de análisis etnográfico para profundizar en la experiencia social y jurídica de la comunidad indígena.

Un acercamiento y reflexión a la relación entre género y el acceso a la justicia en Colombia permite evidenciar que este pasó por tres ejes: el género y la identidad como claves de un debate que es evitado por el legislativo, el acceso a la justicia para la población colombiana y el acceso a la justicia para las personas de sectores lgbtiq+; donde a pesar de que las problemáticas de acceso a la justicia se muestran diferentes respecto a este último grupo, se encuentra en las autoridades administrativas el camino para empezar a tratar estas dificultades.

El presente artículo busca mostrar cómo históricamente las concepciones binarias de género se han constituido en las pautas de valor predominantes en los procesos y políticas de inclusión en las instituciones armadas estatales, dejando poco o nulo margen de reconocimiento de otras identidades diversas no correspondientes a las categorías hombre y mujer. De esta manera, pese a evocar la denotada inclusión, el desconocimiento de las personas autorreconocidas como no binarias se evidencia ya desde las mismas tipificaciones sociales y se consolidan en posibilidades aún existentes de negación de quienes no encajan en el binarismo y a quienes se les busca encasillar en las nociones de lo aceptado y lo rechazado culturalmente como comportamiento válido de hombres y mujeres que portan los uniformes de las instituciones castrenses, siendo esto una vía directa a la negación de derechos en condiciones de igualdad al tiempo que negación a la diversidad de identidades de ser.

El paradigma de la peligrosidad sugiere hacer un énfasis en la evaluación del actor más que en el acto en sí mismo. Sin embargo, aunque este paradigma fue reemplazado en el derecho por un paradigma más centrado en el riesgo, existen aún vestigios de la concepción peligrosista que suelen aparecer en casos de alto impacto social como en la violencia contra la mujer. Lo anterior, promueve y ayuda a sustentar la generación de sanciones legales a personas que poseen determinadas características sin necesidad de que se haya cometido un delito. Adicionalmente, aún se aprecia confusión al hablar de riesgo y peligrosidad en el ámbito de la psicología y el derecho, lo cual se evidencia en decisiones y evaluaciones distorsionadas e incompletas respecto a la problemática del feminicidio. Por lo anterior, este artículo tuvo el objetivo de analizar las implicaciones de los conceptos peligrosidad y evaluación de riesgo, desde la psicología y el derecho en relación con el feminicidio. El estudio fue realizado a partir de una revisión narrativa que obtuvo una muestra final de 28 documentos. Este análisis presenta una diferenciación de los conceptos de valoración de riesgo y peligrosidad desde la psicología y el derecho, así como las implicaciones desde estas dos disciplinas. Se finaliza con una propuesta que busca la protección integral de la mujer sin violentar derechos constitucionales a presuntos agresores.

El artículo aquí expuesto es el resultado de la investigación realizada en Chocontá, Cundinamarca; sede rural en la Vereda Saucio de los Silos y la sede urbana con niños y niñas de primaria. El análisis que se presenta corresponde a la metodología interpretativa y la aplicación de talleres educativos: círculos de paz; cartografía social; árbol de miedos, compromisos y sueños; autorretrato; afirmaciones positivas y negativas. Se tomaron referentes teóricos con base en narrativas, infancias, conflicto, paz entre otros que permitieron el desarrollo conceptual de acuerdo a las intencionalidades del proyecto. Los talleres tuvieron como aspecto transversal estrategias de justicia restaurativa y en ese sentido, el conflicto y la paz en clave de justicia permitió conocer de los sujetos participantes cómo conciben el conflicto, pero también cómo lo pueden solucionar mediante los lazos de amistad y el reconocimiento de los otros.

El presente artículo de investigación es resultado del trabajo adelantado por el autor dentro del proyecto de investigación Análisis de datos para la toma de decisiones espaciales e inteligencia artificial para la administración, vinculado al grupo de investigación Derecho Público y Tecnologías, categoría Colciencias A1 de la Universidad Católica de Colombia. De igual forma, resultado de la colaboración con el grupo de investigación Régimen jurídico constitucional de las libertades, el gobierno abierto y el uso de las nuevas tecnologías (UVEG-GIUV2016-270), así como del proyecto nacional MICINN, Derechos y garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia artificial, IoT, big data y robótica (PID2019-108710RB-I00, 2020-2022) de la Universidad de Valencia, España. El lector encontrará un análisis que parte de la siguiente hipótesis: Las autoridades judiciales al utilizar sistemas de inteligencia artificial deben garantizar que estos sistemas cumplen la política de uso de tecnologías y en particular, los estándares que permitan la materialización del debido proceso. Por ello, el objetivo general de este artículo es determinar la existencia de límites jurídicos a los que están sometidas las autoridades judiciales cuando usan sistemas de inteligencia artificial para el cumplimiento de la función judicial. Para lograr este objetivo se aborda: 1) los derechos y principios en los entornos digitales, son referencia de buena administración algorítmica; 2) las normas que deben cumplir las autoridades judiciales, de manera general, cuando se usan tecnologías de la información y las comunicaciones; 3) las obligaciones derivadas del cumplimiento de las normas referidas al uso de sistemas de inteligencia artificial y 4) la necesidad de regulación de algoritmos para la toma de decisiones judiciales. Por último, se dan las conclusiones.