El uso inadecuado de los menores en la sociedad digital, como personas especialmente vulnerables, les lleva a asumir unos riesgos que les afectan tanto a su salud como a la vulneración de sus derechos. En el presente trabajo, se analiza la realidad actual y los nuevos retos jurídicos y tecnológicos que se prevén, para fortalecer las medidas de protección y garantía de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Con especial atención a las consecuencias en su desarrollo, a la edad y madurez para la licitud del consentimiento, y en los avances normativos para la prevención y protección, especialmente en lo referente a la educación, controles parentales y sistemas de verificación de la edad.

Tras tres años de rodaje de la Ley 8/2021, contamos ya con un número considerable de sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En el presente trabajo, a través de unas y otras, exploramos cuáles son los avatares y las cuestiones más problemáticas que, en la práctica, está suscitando la aplicación de tan importante reforma, así como las soluciones judiciales y registrales que, con mayor o menor tino, se están dando a las mismas, las cuales nos permitirán reflexionar y extraer algunas ideas clave.

This research paper aims to show the standards of gender perspective, due diligence, forced disappearance, violence and sexual torture established in the jurisprudence on violence against women of the Inter-American Court of Human Rights in the cases of Miguel Castro Castro Prison v. Peru, González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico, Fernandez Ortega et al. v. Mexico, Rosendo Cantu et al. v. Mexico, and Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico. Also, to present the analysis of the adoption of comprehensive reparation measures and the compliance that both States have given in response to the Court's judgments.

La figura del defensor judicial ha cobrado una relevancia indiscutible en el contexto jurídico contemporáneo, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En una sociedad que aboga por la inclusión y el respeto a la autonomía, el defensor judicial se ha convertido en una de las herramientas más fundamentales para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos, sin que sus derechos puedan ser restringidos por terceros, incluidas aquellas personas encargadas de brindarles apoyo. La Ley 8/2021, que modifica la legislación española en materia de capacidad jurídica para adaptarse a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha revolucionado la concepción de las medidas de apoyo, donde la figura del defensor judicial adquiere un protagonismo especial. A través de este cambio legislativo, se busca que las decisiones que afectan a las personas con discapacidad sean tomadas de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias, promoviendo un modelo donde la persona con tiene el control de sus propios asuntos, en la medida de lo posible. La obra de María Angustias Martos Calabrús no solo constituye una contribución esencial al campo del derecho de familia y la discapacidad, sino que también marca un hito en la reflexión sobre la evolución del derecho y su capacidad para adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad en una sociedad moderna. A lo largo de su carrera, la autora ha demostrado un compromiso inquebrantable con los derechos de las personas más vulnerables, y este libro refleja esa dedicación y profundidad de análisis.

El presente artículo subraya la apremiante necesidad de reconsiderar el modelo tradicional de responsabilidad penal de menores, el cual se basa en un criterio biológico-cronológico, proponiendo un paradigma alternativo que lo sustituye por una perspectiva mixta, en la que se incorpora la evaluación del grado de madurez cerebral. A través del uso de herramientas avanzadas de neuroimagen y algoritmos de aprendizaje automático y profundo, se busca obtener una medición más precisa de las capacidades cognitiva y volitiva de los menores infractores, considerando no solo su edad cronológica, sino también la variabilidad neurobiológica originada por factores tanto genéticos, como ambientales. Este enfoque permitiría una aplicación más personalizada del proceso decisional relativo a la sujeción a dicho sistema, adaptándolo a las características singulares de cada individuo. La publicación en cuestión inaugura un conjunto de estudios que explorará en detalle las implicaciones teóricas, jurídicas y éticas que conlleva la integración de los avances neurocientíficos en el ámbito de la responsabilidad penal juvenil.

La mayoría de la problemática que aborda este estudio viene referida a personas con dificultades para comprender y tomar decisiones, incluyendo la comprensión de las consecuencias de las conductas que realicen causando daño a terceros. Por lo que, a efectos de responsabilidad civil y penal habrá de repararse, necesariamente, pero sin etiquetas, en la discapacidad intelectual, que es diversa y de etiología múltiple. Así, en materia de responsabilidad civil extracontractual, la capacidad de responder civilmente ha estado vinculada tradicionalmente y de forma directa con la capacidad de obrar. Tras el cambio de paradigma y nuevo enfoque de la capacidad jurídica, la Ley 8/2021 de 2 de junio, opera una modificación en la materia, que merece ser objeto de atención. De ahí la oportunidad de la presente Monografía y las valiosas aportaciones que de ella se extraen.

Nuclear energy benefits society, but it also entails risks to life, health, and the environment. As a human and risky activity, legislation requires careful consideration. The adoption of preventive measures to achieve maximum safety in the use of nuclear energy does not completely exclude the risks derived from the use of this technology. This necessitates the development of both international and national regulations, aimed not only at preventing harm but also at compensating for the effects that an accident may have caused, respecting the principles of peace, technological safety, physical security, responsibility, and cooperation, in order to provide a legal basis that guarantees the development of a peaceful use of nuclear energy.

En la “Transición Democrática” se puso sobre el tapete, en los conocidos “Pactos de la Moncloa”, la necesidad de abordar la doble regulación de delitos en la legislación castrense respecto de la común. Esta necesidad de reconducción de la regulación de los delitos al texto legal correspondiente, según su naturaleza militar o no, se vio reforzada por la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, en cuyo art. 117.5 impide al legislador la regulación como militar y atribución al fuero castrense del conocimiento de delitos ajenos a las Fuerzas Armadas. Sobre tales premisas, es cuestionable que en la actualidad el Código Penal Militar de 2015, en su art. 9.2. b), considere como delito militar el delito de rebelión, regulado por entero en los arts. 472 y ss. del Código Penal, si lo comete un militar en caso de conflicto armado internacional, incrementando su pena en un quinto. Esta postura crítica se formula sobre la base de la naturaleza jurídica común del bien jurídico que se protege en el delito de rebelión, frente a la existencia a otros delitos que si participan de naturaleza estrictamente castrense, como son los relativos a la protección de la disciplina militar conformados por algunos tipos penales de sedición y desobediencia.

La esencia del derecho penal quizás se encuentre ubicada en el concepto e institución de la culpabilidad. En realidad, es el elemento diferenciador nato entre el derecho penal y cualquier otra rama del ordenamiento jurídico. Sin embargo, a día de hoy, siguen estando enfrentadas las diversas posiciones doctrinales en torno a ella. El tiempo transcurrido, lejos de pacificar el debate, solo ha propiciado nuevas variantes o modelos que ahondan más en la diversidad de tratamiento y entendimiento de la culpabilidad. Uno de los factores que más discusión ha producido es el del libre albedrío, entendido éste como eje central o clave de bóveda que dota de fundamento a la culpabilidad. Tampoco esto ha sido objeto de pocas críticas. Se podría decir que la historia del pensamiento penal es la historia de las diferencias dogmáticas sobre el concepto de culpabilidad. Debido a los avances de las neurociencias, se han vuelto a retomar en la dogmática los viejos postulados sobre el libre albedrío y el determinismo como fundamento culpabilístico. Sobre estos pormenores tratará el presente trabajo.