La independencia y la imparcialidad de los árbitros constituyen pilares esenciales para la legitimidad del arbitraje internacional. En el marco del CIADI, los cuestionamientos a la falta de independencia e imparcialidad de los árbitros se analizan dentro de las propuestas de recusación y de los procesos de anulación. Este artículo examina la normativa y la práctica de las recusaciones bajo el Convenio del CIADI, tanto de conformidad con las Reglas de Arbitraje de 2006 como la versión que entró en vigor en 2022, para ilustrar cómo funciona el mecanismo bajo el Convenio del CIADI y cuáles son las modificaciones que imprimieron mayor claridad y celeridad en la tramitación del procedimiento.

Este artículo desarrolla la evolución del rol de las instituciones arbitrales en el sistema arbitral peruano, con especial énfasis en el marco general de contrataciones públicas. Exploraremos, a través de una mirada al pasado, cómo es que a partir de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado publicada el 3 de agosto de 1997, hasta la actual Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069 que entró en vigencia el 22 de abril de 2025, las instituciones arbitrales pasaron de ser un actor facilitador de la gestión arbitral, cuya presencia se sujetaba a la voluntad de las partes, a tener en la actualidad un rol protagónico por voluntad del legislador.

El Strike & Rank es un sistema de designación de árbitros que consiste en la remisión de una lista de candidatos a ser árbitros por parte del centro arbitral a las partes, con la finalidad de que estas cumplan con clasificar y descartar a los candidatos según su preferencia para la administración de su arbitraje. A la postre, tomando en cuenta las preferencias vertidas por ambas partes, el propio centro decide de manera razonable los árbitros que conducirán el arbitraje. A través de este sistema, el conflicto de interés de los árbitros con las partes se ve diluido, en atención a que los árbitros resultantes son producto de la libre y conjunta elección del demandante y demandado.

Uno de los problemas que se presentan en las contrataciones con el Estado es el pago de las contraprestaciones cuando existe la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías. A pesar de que los contratistas tienen la respectiva conformidad, las entidades del Estado no cumplen con el pago o lo hacen de manera diferida, perjudicando enormemente al contratista, pues, a pesar de haber cumplido con las obligaciones a su cargo, no recibe la contraprestación pactada, incluso teniendo que acudir a un medio de solución de controversias como el arbitraje, a fin de lograr el pago.Esta falta de pago, o pago extemporáneo, no es sancionada de manera efectiva en el Perú, pudiendo generar actos de corrupción o mayores gastos en el contratista a fin de que las entidades cumplan con las obligaciones a su cargo.Ante lo señalado, se propone que los servidores públicos encargados del área de compras, logística o encargados del pago, sean elegidos por SERVIR; que el tema disciplinario por la falta de pago oportuno sea sancionado por la Contraloría General de la República; que las entidades otorguen al contratista garantías que aseguren el pago oportuno; y que, finalmente, en determinados bienes, las entidades puedan efectuar el pago contra entrega del bien.

La introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en los diferentes ordenamientos ha planteado diversas dudas sobre esta clase de responsabilidad. Muchos trabajos se han centrado en los debates político-criminales y dogmáticos, así como en la discusión sobre el carácter penal o administrativo de este tipo de responsabilidad. Sin embargo, otro aspecto de gran relevancia en el debate actual es la discusión sobre cuestiones mucho más concretas, tales como el sistema de imputación vigente, sus elementos y su grado de autonomía. Este artículo se ocupa de estos puntos y sostiene que el Perú adopta un modelo de atribución mixto, en el cual la responsabilidad de la entidad es parcialmente autónoma de la responsabilidad penal de la persona física, y cuyos elementos son el hecho de conexión y el déficit de organización.

El arbitraje es una jurisdicción reconocida por el sistema normativo peruano —incluso a nivel constitucional—, el cual, surge de la voluntad libre de las partes de someter el conocimiento de alguna controversia a dicho fuero, excluyéndola del fuero ordinario o estatal. Sin embargo, la realidad ha demostrado que dicho pacto puede ser desconocido por alguna de las partes, pretendiendo someter el conocimiento de la controversia al Poder Judicial, ocasionando que dos fueros distintos y excluyentes conozcan una misma controversia. El presente artículo tiene por finalidad analizar el supuesto anteriormente descrito en virtud de la Ley de Arbitraje Peruana, describiendo los principales inconvenientes que se pueden ocasionar por dicha situación, así como proponer algunas soluciones a la mencionada problemática.

El presente artículo realiza un análisis de una problemática en los arbitrajes con el Estado: el reiterado incumplimiento del Estado peruano en el pago oportuno de laudos arbitrales, especialmente en el ámbito comercial nacional. A partir de casos reales, normativa vigente y declaraciones oficiales, se evidencia cómo esta práctica afecta la seguridad jurídica y desincentiva la inversión privada. Aunado a ello, se contrasta el tratamiento dado a laudos nacionales frente a algunos casos internacionales, revelando un doble estándar en el cumplimiento. Asimismo, se analizan los efectos económicos del incumplimiento, así como la acumulación de intereses legales devengados y la carga procesal que enfrentan los acreedores. Finalmente, se proponen reformas normativas, incluyendo la creación de un “SICRECI nacional” y ajustes al marco presupuestal y tributario, con el fin de garantizar un sistema más equitativo y eficaz en la ejecución de laudos contra el Estado.

Uno de los estándares de protección disponibles para inversionistas extranjeros en tratados de protección a las inversiones —ya sea en tratados bilaterales de inversión o en capítulos de inversión de tratados de libre comercio— viene a ser el estándar de protección y seguridad plena, el cual es usualmente materia de reclamo en arbitrajes inversionista-Estado, luego de los estándares de trato justo y equitativo y expropiación ilegítima, que son los más demandados. Es por ello que, entender los alcances de este estándar, su evolución y situación actual en el derecho internacional de las inversiones, resulta de gran relevancia.

El principio de no interferencia judicial en el arbitraje constituye una garantía esencial para salvaguardar la autonomía de las partes y la eficacia del proceso arbitral. Su origen se vincula con la naturaleza del arbitraje según sus antecedentes históricos, incluyendo su materialización en la Convención de Nueva York y la Ley Modelo de la CNUDMI, instrumentos que inspiraron la legislación peruana. Este principio impide que el Poder Judicial intervenga durante el desarrollo del arbitraje, salvo en casos expresamente previstos, como la asistencia en la producción de pruebas o la ejecución de medidas cautelares. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han reafirmado que el control judicial debe ser residual, ejercido únicamente a través de la anulación o el amparo. Así, la no interferencia asegura que el pacto arbitral conserve sentido, fortaleciendo la confianza en este mecanismo de resolución de controversias.

La cosa juzgada o res judicata cumple una función estructural en el arbitraje internacional de inversiones, pues garantiza la estabilidad de lo decidido, previene laudos contradictorios y preserva la legitimidad del sistema. No obstante, la proliferación de foros, títulos jurisdiccionales y sedes judiciales ha multiplicado los escenarios en que este principio se activa con resultados dispares, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad jurídica del fallo arbitral. El presente artículo examina críticamente los fundamentos y efectos de la cosa juzgada en el arbitraje de inversiones, su relación con figuras afines como el lis pendens, el fork-in-the-road, el abuso del proceso y el estoppel, así como la jurisprudencia relevante de tribunales arbitrales CIADI, UNCITRAL y CCI. El análisis se apoya en un enfoque comparado de los principales marcos reglamentarios en el mundo y en normas nacionales aplicables al arbitraje internacional, además de considerar estudios como el Final Report on Res Judicata and Arbitration de la International Law Association (ILA) o el más reciente Report on Res Judicata in International Arbitration de la International Bar Association (IBA).