El objetivo de este artículo es determinar de qué manera los ciudadanos evalúan a la institución policial, y en particular el desempeño funcional y la actividad concreta de los agentes policiales, en el marco de sus experiencias cotidianas. Para ello nos apoyamos en los resultados de dos encuestas que realizamos en barrios populares de Mar del Plata durante 2021, y de medio centenar de entrevistas con pobladores de estos mismos barrios, que fueron interrogados sobre distintos aspectos de la situación de seguridad y la relación con la policía en su experiencia cotidiana. En consonancia con los resultados de investigación sobre América Latina, se observa que existen niveles relativamente altos de desaprobación del servicio policial. Esto va de la mano con un moderado sentimiento de desprotección. Paralelamente, existe una alta demanda de presencia policial, y de una actuación policial que se ajuste a las expectativas de la población. Pero como ni esta demanda ni estas expectativas son satisfechas, tienen a producirse juicios negativos sobre la institución y sus agentes. Esto no es incompatible con la idea de que la policía tiene limitaciones culturales, legales, presupuestarias y políticas para actuar como debería.

Este artículo busca analizar el funcionamiento de la institución judicial a partir de algunas representaciones que ofrecen los actores que trabajan en la justicia penal y además realizan actividades docentes. En concreto, exploramos aquello que les gusta y les disgusta a dichos actores respecto de la propia institución judicial junto a las intersecciones que se generan entre los tribunales y las aulas en las que dictan contenidos relacionados con el derecho.

Desde inicios del siglo XX, el derecho a tener visitas íntimas por parte de las personas privadas de libertad tuvo avances muy dispares en el ámbito internacional, destacándose experiencias puntuales pero escasas reformas de fondo. En este marco, Argentina no fue la excepción. En los años 1930, la referencia al problema sexual en la prisión fue teniendo interés en ámbitos académicos, pero no logró impactar en las prácticas penitenciarias ni en el plano normativo hasta la llegada del peronismo. En 1947, bajo la gestión de Roberto Pettinato -Director General de Institutos Penales- se reglamentó el derecho a las visitas íntimas por parte de los internos casados de las cárceles federales. Esta innovación se dio en el marco de un proceso de notables mejoras tanto para los internos como para el personal penitenciario. Pettinato conoció de primera mano, leyó y fue influenciado a la hora de implementar las visitas íntimas por las obras de dos destacados penitenciaristas: el brasileño José Gabriel de Lemos Brito y el peruano Julio Altmann Smythe. En viajes de estudio trabó relación con ambos y al regresar a la Argentina rápidamente abordó la cuestión sexual en los establecimientos e implementó las visitas íntimas en las cárceles federales.

El uso del arresto domiciliario con monitoreo electrónico (ADME) se ha extendido por todo el mundo, incluso en la República Argentina. Sin embargo, al margen de la literatura producida en el Norte Global, no hay ninguna investigación sobre el modo en que las personas penadas perciben la punitividad de esta sanción en nuestro país y son muy escasas las realizadas en el resto del mundo de habla hispana. Este trabajo se propone comenzar a rellenar ese vacío, con un estudio exploratorio sobre las percepciones de los usuarios del sistema penal en la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados muestran que la preferencia del ADME frente a la prisión es igual o más pronunciada que en investigaciones del mundo anglosajón y Europa. El «marco de la alternativa preferida» respecto de la prisión y las deplorables condiciones carcelarias podrían estar incidiendo en ello. El rol de la pareja y los hijos tampoco puede soslayarse. Contrario a previos trabajos, el género femenino parece moderar negativamente la sujeción que genera esta penalidad alternativa. Consciente de las limitaciones del tamaño de la muestra, esta primera exploración permite orientar futuras investigaciones del contexto argentino y el resto del mundo, e informar la política criminal y legislativa.

La reforma del proceso penal implementada desde noviembre de 2017 en Uruguay introdujo el proceso abreviado. Se trata de un mecanismo de condena sin juicio por el que la persona imputada, con el asesoramiento de su defensor, acepta acordar con la Fiscalía los hechos y los antecedentes de la investigación a cambio de algún beneficio. En el caso de Uruguay, el proceso abreviado da cuenta de más del 80% de los casos iniciados, lo que ha dado lugar a algunas críticas. Una de las principales es que ciertas prácticas del proceso abreviado llevan a aceptar condenas sin que las personas acusadas tengan suficiente información; o sin que los jueces los controlen adecuadamente. Los objetivos concretos de la investigación han sido: explorar la percepción que las personas condenadas tienen respecto del proceso abreviado, su opinión sobre el acuerdo y las razones que tuvieron para aceptarlos, así como evaluar desde el punto de vista técnico la calidad de estos mecanismos procesales. Para esto se abordó el objeto de estudio desde una óptica cuantitativa, mediante el análisis de las grabaciones de audio de las audiencias en las que se homologaron los acuerdos; y cualitativa, a través de entrevistas semiestructuradas con personas condenadas en procesos abreviados. Los resultados de la investigación arrojan una serie de elementos para la discusión, entre ellos: la administrativización de la justicia penal; la falta de información; el contexto hostil de la detención; el rol de los operadores/as; entre otros.

Las masacres carcelarias registradas en Ecuador desde el año 2019 han conmocionado al Ecuador y al mundo por la frecuencia de eventos, número de muertos y por su crueldad. Sin embargo, luego de cuatro años, las razones y responsabilidades de esta crisis se han convertido en una suerte de enigma lo que ha llevado a ubicar la explicación en el campo de “la necropolítica.” Asimismo, la penalidad neoliberal ha sido puesta en el centro del debate para dar cuenta de estas masacres. ¿De qué forma se articulan estas dos racionalidades en el caso de la crisis carcelaria del Ecuador? Este artículo analiza cómo detrás de esta sanguinaria crisis se evidencia una práctica necropolítica, la cual sería el corolario extremo de la racionalidad penal neoliberal construida desde los años 80. A través de un estudio de caso de corte cualitativo, se argumenta que, a partir de las masacres carcelarias en Ecuador, se pueden ver los síntomas de una extrema forma de racionalidad penal. En otras palabras, la racionalidad neoliberal y la necropolítica no pueden ser vistas como lógicas excluyentes, sino como dos caras de una misma moneda. El oscuro panorama de la violencia carcelaria en Ecuador da cuenta de la aplicación de una forma extrema de penalidad neoliberal propia de contextos periféricos.