The article gives an overview over the EU enactments dealing with the compensation of non-material damage and how the relevant provisions are interpreted by the European Court of Justice. Some general conclusions can be drawn from this survey which are helpful for situations where either enactments or leading decisions are still lacking.

La regulación de la reestructuración preconcursal es fruto de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de procedimientos de insolvencia, regulación que tuvo especial protagonismo dentro de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal en España. En tal regulación, resulta cuestionable el tratamiento de los créditos de Derecho Público y, en particular, dentro de éstos, de los créditos tributarios. Esto nos obliga a replantearnos la posición privilegiada de la Hacienda Pública en esta materia, especialmente a la luz de ciertas normas internacionales o de Derecho Comparado y de la jurisprudencia a que han dado lugar.

El Tribunal de Apelaciones de la Haya confirma que las empresas tienen responsabilidades derivadas del derecho internacional de los derechos humanos en lo relativo a la necesidad de lograr los objetivos de reducción de emisiones impuestos por el Acuerdo de París de 2015 y en aplicación de diversos instrumentos internacionales de soft law. Sin embargo ninguna de esas normas establece un concreto nivel de reducción de emisiones al que dichas empresas deban ajustarse.

Hay autores en la doctrina que consideran que el arbitraje es un mecanismo de resoluciónde conflictos autónomo e independiente de otros poderes estatales o judiciales, hasta el punto de considerarloun sistema no nacional para resolver disputas comerciales. Para ellos, el arbitraje vive al margen,con libertad y emancipado de cualquier otro poder u ordenamiento y subsiste sin respetar los marcoslegales nacionales, a modo de un arbitraje deslocalizado. Fue Rubellin-Devichi quien, en 1965, planteóy defendió esta teoría, y señaló que el arbitraje no podía clasificarse como exclusivamente contractualo jurisdiccional y que tampoco era una institución mixta. Más tarde, en 2005, Lew apoyó esta corrientedoctrinal y señaló que el arbitraje únicamente debía ser gobernado por reglas y prácticas internacionales,y no por leyes nacionales. Sobre esta idea se sustentan los tribunales de arbitraje que actúan en la cadenade bloques, combinando los contratos inteligentes, la teoría de juegos y las criptomonedas o tokens. Lew,Mistelis y Kroll señalan que esta idea/teoría dominará el arbitraje en el futuro, ¿se puede afirmar algo así?

É apresentado um comentário ao acórdão do TJUE de 12 de outubro de 2023, Processo C21/22, OP sendo interveniente Notariusz Justyna Gawlica, em que são suscitadas questões que respeitam à escolha da lei aplicável para regular a sucessão por morte de uma cidadã ucraniana com residencia habitual na Polónia. São apreciadas duas questões principais: uma respeitante à interpretação e aplicação do art. 22.º do Regulamento 650/2012 e outra relativa à articulação entre este Regulamento e uma Convenção celebrada entre a República da Polónia e a Ucrânia, de 1993.

El ejercicio de una acción individual resarcitoria puede ser poco eficaz en determinados escenarios, como en el caso de daños masivos y dispersos derivados de una misma conducta. Para hacer frente a sus limitaciones se están articulando distintas soluciones en la práctica, tanto de naturaleza procesal como sustantiva. El objetivo del presente trabajo es el examen de una de estas soluciones: la cesión contractual de derechos de indemnización a un demandante profesional o vehículo de litigación, evaluando su admisibilidad e implementación en el marco europeo, así como el papel que desempeña o podría desempeñar en el futuro para resolver los problemas de acceso a la justicia de las víctimas de prácticas anticompetitivas u otras conductas ilícitas.

En la Sentencia 1626/2024, de 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo ha rechazado el exequatur de una sentencia extranjera que valida un contrato de gestación por sustitución y que atribuye la paternidad de los niños a los padres comitentes, porque es contrario al orden público. Los derechos fundamentales y los principios constitucionales recogidos en el Título I de la Constitución, entre los que se encuentran los derechos a la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor, y el respeto a su dignidad, integran ese orden público que impide el reconocimiento de las resoluciones extranjeras. En este asunto, el Tribunal Supremo añade que en Estados Unidos la gestación por sustitución constituye un enorme negocio en el que los padres comitentes desembolsan importantes cantidades de dinero y una parte es recibida por la mujer gestante, por lo que el consentimiento antes del parto, ha sido obtenido mediante compensación de algún tipo. En mi opinión, se equivoca el Tribunal Supremo, porque no se puede abordar la gestación por sustitución de manera tan general, sino que ha de atenderse al caso concreto, ya que tal y como señalara el TEDH, en los asuntos Mennesson y Labassee, debe seguirse una concepción restrictiva y específica del orden público internacional.

El presente trabajo examina la evolución normativa y jurisprudencial de las cláusulas de paridad de precios en las plataformas digitales de reserva de hoteles en la Unión Europea. En particular, presta atención al impacto de la reciente regulación introducida por el Reglamento 2019/1150 (P2B), el Reglamento 2022/720 (RECAV) y el Reglamento 2022/1925 de Mercados Digitales (DMA). Desde una perspectiva jurídico-económica, se evalúa el impacto de las cláusulas de paridad de precios, resaltan­do sus efectos pro-competitivos y anticompetitivos. El estudio recoge cronológicamente las respuestas regulatorias y las decisiones judiciales más relevantes en diferentes Estados miembros, incluyendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-264/23. Finalmente, se proponen recomendaciones para lograr una regulación más efectiva y capaz de afrontar los retos del mercado digital hotelero. Se destaca especialmente la importancia de la transparencia algorítmica y una mejor coordinación entre los distintos instrumentos normativos europeos.

La introducción de buques autónomos en el sector marítimo plantea un cambio en los esquemas tradicionales de responsabilidad, centrados históricamente en errores humanos. A medida que el control se transfiere a sistemas automatizados, los defectos técnicos, especialmente de software, adquieren mayor relevancia jurídica. Este trabajo analiza el impacto de la Directiva 2024/2853 sobre productos defectuosos en el Derecho marítimo, valorando su aplicabilidad a buques no tripulados y su potencial para llenar un vacío de responsabilidad. Se examina la posibilidad de que los perjudicados presenten reclamaciones contra fabricantes de software y constructores navales, así como los límites y exenciones de responsabilidad. Finalmente, se cuestiona si la navegación autónoma incrementará la litigiosidad bajo el régimen de responsabilidad por productos.