El presente estudio lleva a cabo un análisis crítico de las sentencias que resuelven los recursos de amparo del caso de los ERE de Andalucía, centrándose en las decisiones que abordan la vertiente más política del mismo. El análisis se realiza teniendo en cuenta la tensión entre la jurisdicción constitucional y ordinaria, la tradicional problemática de la criminalidad del gobernante y, por último, un posible sesgo propter amicitiam que pondría en cuestión la independencia del Tribunal Constitucional. A pesar de estar ante recursos de amparo que garantizan derechos fundamentales especialmente relevantes, el trabajo intenta precisar su incidencia indirecta en el orden constitucional de los poderes.

La reciente sentencia de la Corte Constitucional de Rumania y el informe de la Comisión de Venecia al respecto han despertado un renovado interés en torno a la anulación de un proceso electoral. El presente artículo analiza los precedentes internacionales en los que la jurisdicción constitucional ha anulado unas elecciones presidenciales. Un estudio que permite comprobar como, en ausencia de una regulación exhaustiva sobre la anulación de unas elecciones viciadas, han sido las propias Cortes las que, a golpe de sentencia, han fijado el alcance concreto de dicha competencia, así como los criterios y principios que deben guiar su resolución. En ese sentido, resulta conveniente tratar de identificar argumentos comunes que permitan adaptar el derecho electoral a los retos del presente y convertir la jurisdicción constitucional en auténtica y legítima garante de la democracia.

El nuevo escenario de fragmentación parlamentaria ha provocado distorsiones en la función legislativa que en ocasiones acaban en la apelación al Tribunal Constitucional. Este trabajo se ocupa de las distintas vías en las que se aprecia el desbordamiento de un Ejecutivo que gobierna en minoría con apoyos inestables y mayorías muy ajustadas, lo que produce como consecuencia una paralización legislativa. Así, se contemplan el uso del decreto ley, la presentación de proposiciones de ley y enmiendas heterogéneas por el grupo o grupos que apoyan a aquel, o la multiplicación de los vetos presupuestarios, así como de los procedimientos especiales de urgencia y lectura única. Finalmente, la existencia de una mayoría absoluta contraria al Gobierno en el Senado ha derivado en una pluralidad de conflictos constitucionales, no solo contra el Ejecutivo, sino también frente al Congreso de los Diputados, que son asimismo analizados como circunstancia inédita en ocasiones perjudicial para la posición constitucional de la propia Cámara Alta.