Régimen de apoyos en Colombia: el dilema de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad
Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) mediante la Ley 1346 de 2009, con lo cual se comprometió a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de esta población desde un enfoque de dignidad y autonomía. En cumplimiento de este tratado, la Ley 1996 de 2019 eliminó la figura de la interdicción y estableció un régimen de apoyos para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, respetando su voluntad y preferencias. Sin embargo, desde su entrada en vigor, su implementación presenta importantes desafíos. Entre ellos destacan el desconocimiento normativo por parte de operadores jurídicos, la falta de articulación institucional y la persistencia de prácticas discriminatorias. Estas barreras se agudizan cuando se consideran factores interseccionales como género, etnia, ruralidad o edad, que han sido insuficientemente abordados en la implementación de la norma jurídica. Este artículo analiza en qué medida la implementación del régimen de apoyos ha garantizado efectivamente el ejercicio de la capacidad jurídica de la población en condición de discapacidad (PcD) en los últimos cinco años (5 años). De tal manera, se empleó una metodología cualitativa y documental, por la cual se examinan los avances normativos, los obstáculos institucionales y la incorporación del enfoque diferencial, y se proponen recomendaciones para fortalecer una inclusión real de la población en condición de discapacidad.