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Abstract
La protección financiera en salud es un compromiso de los estados para garantizar a sus ciudadanos el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, evitando que el gasto de bolsillo en salud (GBS) genere desequilibrios financieros en los hogares y los exponga a gastos catastróficos o empobrecedores. En Sudamérica, las reformas sanitarias de los últimos 40 años, condicionadas por la voluntad política de sus gobernantes, promovieron cambios en la organización y el financiamiento de sus sistemas de salud; sin embargo, estas han sido insuficientes, ya que la mayoría de los sistemas continúan siendo segmentados, fragmentados y subfinanciados, lo que les impide garantizar una protección financiera efectiva. Así, persiste el incumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de aumentar el gasto público en salud por encima del 6% del producto bruto interno y disminuir el gasto de bolsillo por debajo del 20% del gasto total en salud.
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