Abstract

El proceso judicial está intrínsecamente ligado al poder jurisdiccional, constituyendo un conjunto de actos coordinados que se presentan ante el órgano jurisdiccional competente para resolver conflictos mediante la aplicación de la normativa pertinente. El inicio del proceso judicial se da con la presentación de una demanda y, con la contestación de la misma, se establece una relación jurídica procesal entre las partes involucradas, en este caso el accionante y accionado. En el marco de la Constitución de la República del Ecuador y de nuestro ordenamiento jurídico, los sujetos procesales tienen el derecho de recurrir resoluciones judiciales cuando consideran que han sido agraviados sus derechos o perjudicados. La impugnación, que es facultativa, busca modificar o sustituir la resolución en cuestión dentro del mismo proceso, y no necesariamente depende de un error del juzgador. El ordenamiento jurídico procesal ecuatoriano contempla tanto recursos horizontales como verticales para garantizar el derecho a la defensa y la seguridad jurídica a través del debido proceso.

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