Abstract
La aprobación de una norma con rango de ley no excluye la responsabilidad por los daños causados al ciudadano. Esta doctrina es relativamente reciente, pues las primeras sentencias se referían a un supuesto de expropiación legislativa o normativa, remontándose a los años sesenta del pasado siglo. Con ocasión de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha reconocido incluso en la Ley 30/1992 la posibilidad de indemnizar por el hecho de aprobarse una ley que afecte a derechos e intereses legítimos, reconociéndose igualmente la procedencia de exigir la responsabilidad en el caso de normas declaradas inconstitucionales. Esta doctrina implica la necesidad de replantearse la interpretación del artículo 106.2 de la Constitución, en relación con la responsabilidad que en el artículo se califica como normativa, en cuanto supone una categoría que puede explicar diversas figuras hasta ahora objeto de análisis separado, sobre todo en materia de indemnizaciones por limitaciones de derechos.
Highlights
The enactment of an statute does not exclude the responsibility for the damages caused to the citizen
since the first sentences referred to an assumption
No se podría extender esta conclusión a todos los supuestos que en la doctrina alemana o española se han agrupado bajo ese concepto común, pues únicamente en estos supuestos de estricta objetivación de la obligación de compensar el daño con el propio patrimonio –definición auténtica de la responsabilidad de cualquier tipo– se dan las condiciones para que la lesión de bienes y derechos se deshaga del requisito del llamado reproche culpabilístico y asuma la obligación citada sin otro requisito que la existencia de la lesión y la imputación a la actuación impersonal de la Administración o personalizada del agente
Summary
La denominada responsabilidad del Estado legislador comprende todos aquellos supuestos cuyo común denominador se encuentra en los daños económicamente evaluables que resultan de la actividad legislativa y que acarrean la obligación de resarcimiento; definición que revela las dificultades que entraña esta institución. En base a esta tesis, que cifra toda su clave en la naturaleza del Parlamento como dueño del poder y que tiene una correlativa presencia en algunos Derechos comparados en base a la doctrina de la inmunidad soberana, se ha sostenido que la Ley no podrá ser calificada de injusta ni el Parlamento de culpable, debido a la posición e independencia del Poder legislativo, que por propia definición no admite limites en su capacidad, que está diseñada para aprobar normas abstractas –es decir, que contienen un supuesto hipotético– y generales. 373/2006) se define como la «cláusula de cierre del sistema que regula las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y los ordenamientos nacionales», al garantizar la plena eficacia del ordenamiento comunitario y la tutela judicial efectiva de los particulares, al ver reparados los perjuicios que les causa la infracción o incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales El título jurídico de imputación se refiere a los daños causados a los particulares por la vulneración del Derecho de la Unión, caracterizados por la primacía y la eficacia directa, y que desde la STS de 17 de septiembre de 2010 (rec. 373/2006) se define como la «cláusula de cierre del sistema que regula las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y los ordenamientos nacionales», al garantizar la plena eficacia del ordenamiento comunitario y la tutela judicial efectiva de los particulares, al ver reparados los perjuicios que les causa la infracción o incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de las autoridades nacionales
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