Abstract
The conflicts over extractive activities have grown in the last decade and represent a challenge for the countries, in their desire to advance in economic growth and socio-environmental welfare. The cases of Ecuador, Colombia, Peru and Chile are analyzed, placing the territory as a social space in the center. It is argued that conflicts represent a questioning of the role of both private and public agents, and press towards the implementation of processes of institutional change, which involve: a) promoting and refining legal instruments to capture surplus derived from the extractive activity, to direct them to investment in other areas of development; b) develop planning and territorial ordering instruments; c) define prior consultation processes; d) advance in decentralization and strengthening of subnational governments; and e) strengthen the articulation capacity of the actors involved to arrive at institutional arrangements for economic growth and inclusive development.
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Abstract | The conflicts over extractive activities have grown in the last decade and represent a challenge for the countries, in their desire to advance in economic growth and socio-environmental welfare
El objetivo del artículo es analizar los instrumentos institucionales utilizados por los países en torno a la actividad extractiva-minera a fin de prevenir y gestionar los conflictos derivados de ella, incorporando la mirada territorial
El tercero avanza en un análisis de los instrumentos públicos desplegados por los cuatro países en torno a la actividad extractiva-minera en el contexto descrito
Summary
El territorio como espacio social y político El territorio, más allá de lo físico, es un “conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos” (Schejtman & Berdegué, 2004, p. 5). Gran parte de las veces la disputa adopta la forma de conflicto socioambiental, definido como una situación surgida a partir de un impacto ambiental producido por una determinada acción, en torno a la cual se enfrentan tres tipos de actores: empresas que usan recursos ambientales y generan un impacto; la comunidad (o grupos de esta) organizada en torno a la defensa de sus intereses en relación con dicho impacto; y agencias públicas con responsabilidades de mediación en el conflicto (Sabatini, 1994). La protesta y los movimientos socioterritoriales han impulsado cambios que probablemente no hubiesen tenido lugar en su ausencia, tales como la voluntad de la Defensoría del Pueblo, en el Perú, para desempeñar un papel más importante en la gestión de los conflictos sociales o el aumento de la distribución de regalías a nivel regional, así como las nuevas reglas en Ecuador que prohíben la extracción de recursos en ciertas zonas (Kirsch, 2012). Las preguntas que se busca responder son: ¿qué instrumentos institucionales utilizan los países frente a la actividad extractiva y los conflictos derivados de ella? Y ¿qué nudos críticos y desafíos existen para avanzar hacia un desarrollo inclusivo con equidad territorial en dicho marco?
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