Abstract
El nuevo marco normativo integrado por la reforma del artículo 135 CE y la aprobación de las reglas presupuestarias de la UE (Six Pack y Two Pack) ha determinado cambios significativos en el procedimiento de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, ha incidido en el rol que juegan el Gobierno y el Parlamento en ese procedimiento. El Gobierno es el interlocutor único con las instituciones de la UE (Comisión Europea), en lo que se refiere a la negociación del balance presupuestario previsto para el siguiente ejercicio (lo que actualmente equivale a decir del déficit admisible), de modo que también es el primer responsable del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado español ante Bruselas. Por ello, el presente trabajo propone reconsiderar la línea jurisprudencial que en algunos pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional (STC 34/2018) ha afirmado que el derecho de veto que el artículo 134.6 CE reconoce al Gobierno sólo es aplicable cuando se trata de iniciativas parlamentarias (proposiciones o enmiendas) que afecten a Presupuestos ya aprobados. Por nuestra parte proponemos consolidar la práctica seguida hasta hoy en la Comisión de Presupuestos y reconocer claramente que el derecho de veto del Gobierno también es aplicable a las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos. Y ello por entender que es el único modo de asegurar la coherencia entre los documentos remitidos a la Comisión Europea (Plan de estabilidad y Plan presupuestario) y los aprobados por el Parlamento (objetivo de estabilidad y Presupuestos Generales del Estado).
Highlights
The new regulatory framework integrated by the reform of Article 135 EC and the approval of the EU budgetary rules (Six Pack and Two Pack) has led to significant changes in the approval procedure of the General State Budget
Y ello es consecuencia, a su vez, del conjunto de medidas adoptadas por la Unión Europea (UE) a raíz de la última crisis económica y financiera que también han primado la estabilidad presupuestaria como un bien que, en este caso, se impone sobre la soberanía de los Estados miembros en la elaboración y aprobación de sus Presupuestos
Notario del Siglo XXI, no 70. 2016, pp. 20-25
Summary
El transcurso de 40 años desde que se promulgó la Constitución Española (CE) y la consiguiente aprobación de otros tantos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha generado un buen número de prácticas parlamentarias y ha supuesto la plasmación en la realidad de las previsiones contenidas en el artículo 134 CE, precisando el sentido que el Parlamento ha otorgado al contenido de la Carta Magna en este punto. En 2011 se aprobó la reforma del artículo 135 CE que introduce en el Texto Constitucional la prohibición de incurrir en déficit estructural y de acumular deuda pública por encima de los valores de referencia establecidos por la Unión Europea (UE), salvo las excepciones contempladas en el propio artículo 135, lo que sin duda ha modificado el marco en el que en lo sucesivo habrá de situarse el debate presupuestario. La trascendencia que tiene la aprobación de dichas normas quizá no ha sido suficientemente ponderada pero constituye, sin duda, una modificación de gran alcance en cuanto afecta a la definición del papel que juegan el Parlamento y el Gobierno en la aprobación de los PGE. La incidencia de las citadas normas europeas sobre los contenidos del artículo 134 CE es, como se verá, decisiva. Que pueden implicar más gastos o menores ingresos dentro del debate de aprobación de los PGE; esto es, el análisis del artículo 134.6 CE atendiendo al marco de referencia que las reformas citadas imponen
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