Abstract
Mediante el presente artículo se hace conocer la teoría de revocatoria del mandato del miembro del Congreso de la República del Perú; por cuanto en muchos países del continente y del mundo, dicha institución democrática de revocatoria de autoridades elegidas de carácter nacional, no está instituida en sus constituciones, sin embargo frente a la crisis de la democracia representativa, es importante analizar e incluso hallar la viabilidad de la figura jurídica de revocatoria del mandato parlamentario, vía reforma del artículo 90° de la Constitución Política del Perú, en el sentido de que el mandato del Congresista es revocable; y una vez efectuada la reforma constitucional, el procedimiento de revocatoria del Parlamentario, debe adecuarse a los procedimientos de la revocatoria de los gobiernos regionales y locales, previsto en la Ley N° 23600. Para la presente investigación acudimos a la metodología cualitativo, es decir fue analítico, descriptivo y explicativo de teorías e instituciones jurídico – democrático que permiten identificar las características y la interpretación de alcances de la soberanía del pueblo, reconocidos por la normativa internacional sobre derechos humanos que el Estado Peruano es parte de dichos tratados.
Highlights
This article makes known the theory of revocation of the mandate
the revocation procedure of the Parliamentarian must adapt to the procedures for the revocation
For the present investigation we turn to the qualitative methodology
Summary
INTRODUCCION El Estado Peruano, en su vida republicana tuvo doce constituciones a la fecha, de los cuales, en las once constituciones, no se tiene regulado la figura democrática y jurídica de revocatoria de autoridades elegidas, situación que no solo ha generado el clamor de la población electoral del país, sino la preocupación del propio Congreso Constituyente, sobre todo respecto a los Alcaldes Distritales y Provinciales del país que se encontraban inmiscuido en los actos de corrupción, labores realizadas sin transparencia, no cumplían con sus compromisos electorales, entre otros irregularidades que se cometían en la gestión y administración municipal, y como no había un sistema de control electrónico en las contrataciones del Estado, ni menos la transparencia, la Contraloría General de la Republica ni los Órganos de Control Institucional, no podían realizar un control efectivo sobre la ejecución de gastos en la administración municipal, incluso el propio representante del Ministerio Publico ni el Poder Judicial, encontraban las responsabilidades, y si es que por ahí prosperaba alguna denuncia penal sobre peculado y otros, eran muy pocos, por lo que se generó descontento en la población electoral y la sociedad en su conjunto, llegando al extremo al linchamiento de Alcalde en la ciudad de Ilave, de la Región de Puno y cuestionamientos serios en otros lugares del país, similar preocupación se originó con los Gobiernos Regionales, es por ello en una coyuntura política de la década de noventa, con la disolución del Parlamento Peruano, y para quedar bien en el contexto internacional, en la Constitución de 1993, se ha acogido diversas instituciones democráticas de participación ciudadana e incluso se ha establecido la revocatoria de Alcaldes y Regidores, lo mismo ocurrido con los Gobiernos Regionales, y para efectivizar la norma constitucional de revocatoria de dichas autoridades, se ha dado la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300, modificado mediante la Ley N° 30315, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 07 de abril de 2015, pero no se contempla la revocatoria de los Congresistas de la Republica, por parte de los electores, por el contrario en el segundo párrafo del artículo 134° de la Constitución, establece que “No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”; en tal sentido a la fecha los Congresistas, en muchos de ellos no cumplen con sus compromisos electorales, por el contrario las leyes son emitidas a favor de los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras, asimismo se ha convertido en un Congreso sumiso a los intereses políticos y económicos, que incluso se generó anuncios de disolución del Congreso, debilitándose la verdadera democracia que permita ejercer la función de manera transparente y por ello la fiscalización y control de legalidad en la ejecución de gastos que realiza las autoridades del Poder Ejecutivo y sus dependencias, incluso algunos Congresistas se han encontrado comprendido en los actos de corrupción, por lo que se ha realizado varias censuras de Ministros; por consiguiente se tiene la crisis de gobernabilidad, por ende la crisis de la democracia; es decir la tensión política es muy fuerte; en ese orden de ideas, por la naturaleza cambiante de la representación parlamentaria, y para potenciar las capacidades y por ello la calidad y calidez parlamentaria, es necesario realizar la reforma constitucional, ampliando la revocatoria de autoridades, a los parlamentarios en determinados casos justificados, para ello debemos analizar no solamente el marco constitucional, sino también el derecho constitucional comparado.
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